Ciudad de México.- El gobierno federal y los partidos políticos, excepto Morena, instalaron una mesa de diálogo para acordar e instrumentar medidas orientadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los candidatos durante el proceso electoral en curso y en la elección del 1 de julio.
Destacan las de atender de manera ágil y oportuna las alertas tempranas que comuniquen los partidos políticos sobre situaciones de riesgo, para brindarles auxilio inmediato; y replicar este esquema en todos los órdenes de gobierno para dar seguimiento a casos específicos.
Se buscará auxiliar desde las instancias de seguridad del gobierno de la República a los partidoss, en todas aquellas inquietudes que estos tengan en materia de seguridad sobre sus candidatos y militantes; y se medirá la eficacia institucional de las autoridades en materia de seguridad.
A la primera sesión, encabezada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, asistieron los presidentes del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, Enrique Ochoa, Damián Zepeda, Manuel Granados, Alberto Anaya y Carlos Puente, respectivamente, así como representantes de MC y el PES.
Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, no asistió, por lo que el secretario de Gobernación, en nombre propio y de los presidentes de los partidos, hizo un llamado respetuoso para que se integre.
Acordaron que cada uno de los participantes en la mesa de diálogo nombre a un represente propietario y a otro suplente, para asegurar que sesione cada vez que sea convocada. Asimismo, establecieron el compromiso de reunirse la próxima semana, por segunda ocasión.
El titular de Gobernación informó que en esta primera reunión se tomaron acuerdos que tienen que ver con un mecanismo de trabajo.
Destacan los de designar un representante y un suplente, para asegurar que la mesa funcione de manera ágil, tanto en el planteamiento de problemas como en la elaboración de diagnósticos claros sobre el tema de seguridad de cara al año electoral.
A manera de resumen, comentó que la mesa de diálogo se constituye para darle seguimiento a casos puntuales de militantes o candidatos o precandidatos de partidos políticos que fueron víctimas de la violencia.
“Y la obligación que tiene el Gobierno de la República de proporcionar seguridad a los ciudadanos y a quienes funjan como candidatos en un proceso electoral, que no es un favor que se le hace a partido político alguno, es una obligación del Estado y un derecho de los partidos que representan nuestra democracia para competir, contender en las mejores condiciones posibles”, expresó.
