Ciudad VIctoria, Tamaulipas.- El nuevo Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Tamaulipas, tendrá una enorme responsabilidad en un Estado que se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en materia de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y abuso de autoridad, atribuida a fuerzas estatales y fuerzas federales.
La organización de Defensores de Derechos Humanos, considera que ante la crisis humanitaria de desapariciones, debe existir darse un giro real en favor de la ciudadanía y no del Gobierno.
Raymundo Ramos Vázquez, uno de los defensores de Derechos Humanos más puntuales en la entidad, considera que la decisión que tomarán los legisladores para seleccionar al nuevo Presidente de este organismo debe ser pensado bajo una serie de aspectos autónomos y no como un premio o compromiso político con el actual gobierno.
Dijo que el futuro presidente de este organismo debe contar con un perfil de mucha preparación pero también de “mucha sensibilidad, dada la desesperación que existe en los familiares de víctimas en materia de procuración de justicia y en materia de seguridad pública”.
Ramos consideró que este gobierno “no le ha dado la importancia que requiere en un estado que enfrenta una crisis humanitaria en el tema de desaparecidos, en el tema de migrantes y en el tema de seguridad pública”.
Consideró entonces que el nuevo Ombudsman, debe contar con una autonomía mayor a la que han tenido sus antecesores ante la autoridad estatal.
Tener además, la fuerza suficiente para encarar los abusos de autoridad y debe dejar de depender, en todos los sentidos, de la Secretaria General de Gobierno.
“Los últimos cuatro Presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos les ha faltado autoridad, dado el manejo político que hacen desde la Secretaría General de Gobierno y del gobierno estatal”.
Los Defensores de los Derechos Humanos y los Colectivos de familiares de víctimas, añadió, “estamos buscando que la persona que vaya a ocupar este cargo, realmente represente los intereses de la propia comisión, no los intereses políticos de ningún funcionario y mucho menos que ocupen ese espacio y esa representación para aspirar a cargos políticos”.
Criticó la poca efectividad en el trabajo de la actual Comisión de los Derechos Humanos, la cual ha ha dado pocos resultados comparada con el resto de las 31 comisiones.
En especial por que Tamaulipas vive una crisis en violaciones graves a los derechos humanos desde hace una década cuando menos, por lo tanto “requerimos una Comisión Estatal fuerte, autónoma, y con mucho sentido de responsabilidad social y sensibilidad”.
El mismo perfil debe reflejarse en las delegaciones regionales y en las coordinaciones municipales de la Comisión de Derechos Humanos.
Consideró que este nuevo gobierno, que prometió un cambio de fondo, no ha dado esas señales donde mejore la Procuración, donde mejore la seguridad pública y donde exista una comisión estatal a la altura.
Incluso, dijo que existe un temor de las propias personas que trabajan en la Comisión Estatal de abandono de parte de las autoridades o de las limitaciones administrativas y económicas para desarrollar mejor su trabajo.
“No es posible que, a pesar de ser el estado número uno en desapariciones forzadas, nada más tenemos una recomendación que data del 13 de julio del 2017. El rezago es enorme pero también el control y el manejo político de la Comisión Estatal ha sido la constante en esta y en los anteriores gobiernos”.
Ahora, los legisladores tendrán la responsabilidad de no designar a alguien, como si fuera un cargo político, un premio y que no sea una figura decorativa, debe ser el equilibrio entre las autoridades municipales y estatales.
