Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Diputado del PRI Rafael González Benavides, propuso desde la tribuna, modificar el Código Penal para que el Delito de extorsión no solo se persiga a petición de parte, también por oficio porque hay cifras negras debido a que 8 de cada 10 extorsiones no se denuncian ante la autoridad y por lo tanto las personas investigadas, sancionadas y encarceladas “es muy baja” en Tamaulipas.
Proponen endurecer delito de extorsión y se persiga de oficio; el indicador “Incidencia Delictiva” señala que de 2013 a 2015 se registraron 588 averiguaciones previas por el delito de extorsión en el Estado de Tamaulipas.
Además, en la exposición que hizo, propone reformas para ampliar la definición de extorsión debido a que existe una serie de aspectos que en la actualidad, no están considerados por la Ley.
Los cambios van en dos líneas: el primero se centra en convertir a la extorsión en un delito perseguible de oficio y el segundo se enfoca en delinear con mayor claridad todas las conductas que encuadran dentro del tipo penal.
Las bajas cifras de denuncia están sustentadas en la gente porque una vez denunciados los hechos “no hay plenas garantías de salvaguardar a la integridad personal y familiar”.
Basado al Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y legalidad se presenta la extorsión telefónica, la ciber-extorsión y el cobro de derecho de piso.
En la iniciativa que está firmada por todos los legisladores del PRI, González Benavides propone la modificación de los artículos 426 y 438 del Código Penal del Estado, porque “tienen una redacción simple” y “ni siquiera tiene penas propias sino que a la extorsión le son aplicables las penas del delito de robo”.
En el artículo 438 propone que “los delitos de abuso de confianza, fraude, fraude laboral, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad, se perseguirán a instancia de parte ofendida. El delito de extorsión se perseguirá de oficio”.
González Benavides, expuso que ahora, el artículo 426 del Código Penal, establecerá que “al responsable del delito de extorsión se le impondrá una pena de dos a diez años de prisión y multa de cien mil días de salario”.
Agrega: “Si el responsable del delito son o ha sido servidores públicos de una institución de seguridad pública o privada que en razón de su función utiliza en los medios o información que ésta les proporciona, la pena se aumentará hasta en dos tercios de la que le corresponda de forma individualizada”.
Presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI se estima que en 2013 se realizaron 5 mil 024 extorsiones por cada 100 mil habitantes, lo que en su momento representaba el 25.9% de los delitos cometidos en el Estado.
El mismo estudio señala que para el 2015 se realizaron 7 mil 279 extorsiones por cada 100 mil habitantes, lo que representa el 34.1% de la distribución de todos los delitos cometidos en el Estado en dicho año.
A su vez, el indicador “Incidencia Delictiva” que elabora el Secretariado Ejecutivo señala que de 2013 a 2015 se registraron 588 averiguaciones previas por el delito de extorsión en el Estado de Tamaulipas.
“Las cifras antes expuestas, nos dan un dato duro alarmante: en el 2013 sólo el 4.47% de los delitos de extorsión se denunciaban y para 2015 este porcentaje cayó al 2.39%”.
“Alarma más cuando tomamos en cuenta que, de acuerdo con el estudio del INEGI “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales” en 2013 ingresaron a los Centros de Readaptación Social de Tamaulipas solamente 9 personas por el delito de extorsión”.
Consideró que es de “urgente necesidad” transformar el sistema normativo que gira en torno al delito de extorsión, porque a pesar de ser recurrente, “no se atiende ni se castiga debidamente”.
