Madrid.- La aprobación de los presupuestos generales del gobierno español, que encabeza Mariano Rajoy, dependerá de si los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) respaldan la moción, en la que hay en juego reclamos añejos de Euskadi, como la administración carcelaria o la partida para un aumento de 3 por ciento en las pensiones. El PNV (en el gobierno autonómico) advirtió: mientras esté en vigor al artículo 155 de la Constitución en Cataluña, nosotros no jugamos.
El derechista Partido Popular (PP), con 134 diputados, y el también conservador Ciudadanos, con 32, cerraron un acuerdo la semana pasado sobre los presupuestos, pero requieren del respaldo del PNV, que pide más autogobierno para la región y un incremento en las jubilaciones.
En el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), el nacionalismo conservador del PNV invitó a los dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) a su acto central para reiterar su apoyo en su proyecto independentista y advertir de nuevo al gobierno de Rajoy que no piensa ni siquiera sentarse a hablar de la votación del presupuesto hasta que se suspenda la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en vigor desde noviembre pasado, tras la fallida declaración unilateral de independencia. Es decir, hasta que el gobierno de Rajoy devuelva a la región su autonomía.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, advirtió: nuestra postura es clara y es una cuestión de principios: con el 155 no jugamos. La sola aplicación de esa norma es un ataque también a Euskadi.
Expresó su temor ante el avance de un nacionalismo español rancio representado en Ciudadanos, que encabeza todas las encuestas de intención del voto en las próximas elecciones generales, muy por delante del PP y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, por supuesto, de la izquierdista Unidos Podemos, que lleva al menos un año en una deriva decadente de proyección electoral, al menos según los sondeos.
En cuanto a Cataluña, el PNV advirtió: queremos que los autogobiernos catalán y vasco estén exclusivamente en manos de sus legítimos representantes. No queremos gente en la cárcel por defender ideas políticas. No queremos que sean los jueces quienes, por encima de la voluntad popular, decidan quién puede gobernar y quién no. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave y nuestros principios y valores nos exigen protestar por ello.
En Berlín se manifestaron unas 200 personas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana para exigir la liberación de Puigdemont y que el gobierno de la canciller federal, Angela Merkel, se niegue a extraditarlo a España.
