Ciduad de México.- Alejandro Legarda Carreón, juez de control de Chihuahua, negó ayer el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 del municipio de Aquiles Serdán, conurbado a la capital del estado, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez.
El gobernador Javier Corral Jurado firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación, por el cual la administración estatal se comprometió a que Alejandro Gutiérrez sería trasladado del Cereso estatal al Cefereso número 9, lo que no se cumplió.
El juez argumentó que los códigos de procedimientos penales estipulan que las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con esta medida cautelar en el lugar más cercano a donde son juzgadas, y que los traslados voluntarios se llevarán a cabo cuando exista acuerdo entre la entidad de destino y la de traslado o, como en este caso, con la Federación.
Aseguró que no se cumple con ninguno de los dos supuestos, pues el Cefereso 9 de Ciudad Juárez se encuentra a 370 kilómetros de la capital de Chihuahua, lo cual puede afectar el proceso penal.
Añadió que Gutiérrez Gutiérrez no sólo es juzgado por la causa penal 780/2017, relativa a la triangulación de 250 millones de pesos al PRI nacional para financiar campañas electorales en 2016, por lo cual fue vinculado a proceso y se le impusieron seis meses de prisión preventiva que terminan el 21 de junio de 2018, sino también por la causa 4094/2017, por un presunto peculado de 1.8 millones de pesos, lo que derivó en otro auto de vinculación a proceso y un año de prisión preventiva, que concluye el 2 de enero de 2019.
Legarda Carreón explicó que la audiencia de ayer se llevó a cabo precisamente porque no había acuerdo, pero tampoco se planteó una alternativa interinstitucional.
Luego del debate entre el Ministerio Público y la defensa de Gutiérrez Gutiérrez para determinar si sería trasladado, el juez determinó que el Cereso de Aquiles Serdán es idóneo para que el procesado cumpla su prisión preventiva y adelantó que pedirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos investigar si el imputado fue sometido a maltrato o a tortura.
La solicitud de traslado fue presentada por los abogados Eva Marina Vázquez y César Javier López García, así como por el propio Alejandro Gutiérrez, con el argumento de que en el penal estatal el acusado sufría abusos.
Javier Corral declaró en marzo que el traslado podía realizarse si se solicitaba, pero la Fiscalía General del Estado pidió que Alejandro Gutiérrez permaneciera en el penal estatal.
