Madrid.- El parlamento de Cataluña se reunió el lunes para poner fin a un vacío de poder de más de seis meses con la elección de un ferviente separatista como nuevo presidente de la región, preparando el escenario para una posible nueva confrontación con el gobierno central de España.
Quim Torra, que encabezó varios grupos proindependentistas de la sociedad civil, se comprometió construir una república catalana independiente trabajando a las órdenes de su predecesor en el cargo, el cesado expresidente Carles Puigdemont.
Puigdemont está en Alemania, desde donde intenta evitar su extradición. Las autoridades españolas lo reclaman por supuesta malversación de fondos públicos y por orquestar una “insurrección” para separarse de España.
El juez instructor que lleva el caso en el Tribunal Supremo alegó que su intento secesionista de octubre debería considerarse una “rebelión” porque empleó “violencia”, una argumentación rechazada por los independentistas y cuestionada por los magistrados alemanes que deciden sobre la extradición de Puigdemont.
El nuevo gobierno de Cataluña creará un “consejo de estado en el exilio” con Puigdemont como “el presidente legítimo” de Cataluña, dijo Torra en su discurso ante la cámara el lunes.
Torras, un abogado de 55 años, prometió establecer una asamblea constituyente para redactar la constitución de la nueva república catalana.
“Con la república todo el mundo ganará derechos”, dijo Torra a los legisladores. “Nadie perderá derechos, es para todos, voten lo que voten”.
Torra no logró la mayoría absoluta en la primera votación parlamentaria el sábado, pero se espera que salga elegido el lunes por mayoría simple luego de que Candidatura de Unidad Popular (CUP), una formación independentista de extrema izquierda, anunció que se abstendrá.
El gobierno central asumió la administración de Cataluña tras el intento unilateral de declaración de independencia formulado el pasado octubre en la cámara regional.
Está previsto que la tutela, sin precedentes en España, termine cuando Torra asuma el cargo junto al nuevo ejecutivo catalán en los próximos días, pero las autoridades españolas han advertido que los controles podrían regresar si el nuevo gobierno vuelve a incumplir la ley.
El movimiento independentista catalán provocó la peor crisis política e institucional en el país en décadas.
Las encuestas muestran que los 7,5 millones de residentes en la adinerada región nororiental están divididos casi al 50% sobre si Cataluña debería independizarse de España. Una gran mayoría quiere resolver la cuestión en un referéndum, que según la ley actual solo puede autorizar el gobierno de Madrid.
