Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los tres magistrados del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ordenaron reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso iguala, debido a que hay elementos que hacen presumir que las confesiones y acusaciones del caso, fueron obtenidas mediante tortura.
Orden la creación de una Comisión de la Verdad por que la investigación de la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial”.
Esta decisión se tomó hoy por unanimidad de votos, por los magistrados Mauricio Fernández de la
Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Concluyeron que la investigación de la PGR, “no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial” como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
Los amparos se resolvieron dentro de la revisión al expediente 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa” y con los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los quejosos.
Se ordenó además reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
“Se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
La información que da a conocer el Poder Judicial de la Federación, añade que ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Se ordena que esta comisión, deberá estará integrada por los representantes de las víctimas, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Más adelante los magistrados dan a conocer la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas.
