Ciudad de México.- La juez Zulema Palma dictó prisión preventiva al exdirector general de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Erik Manuel Hernández Aguilar, por su probable responsabilidad en el desvío de 2 millones 420 mil pesos con los que el exgobernador César Duarte Jáquez pagó un favor personal.
La representación social informó que entre julio y septiembre de 2016, Hernández Aguilar, junto con otros funcionarios, distrajeron el recurso público con la simulación del procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales (SH/AD/001/SGG/2016).
El documento establecía que, a través de la dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno, se contrataba a la empresa Building Consultoría Organizacional S&S S.A de C.V. para efectuar el “Análisis estratégico de municipios del estado de Chihuahua”.
Los exfuncionarios fingieron el dictamen de excepción de licitación pública, el acta de adjudicación directa y la firma de contratos, y efectuaron cinco pagos que fueron cobrados de la cuenta 65-50156863-7 del banco Santander S.A. perteneciente al gobierno del estado.
Ese dinero fue pagado al exdiputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez, a cambio de votar por la bursatilización de 6 mil millones de pesos al final del sexenio de Duarte. En las audiencias del proceso penal, el mismo legislador confesó que el gobernador le dio el dinero cuando él se lo solicitó porque tenía un problema personal.
Reyes Ramírez fue sentenciado a tres años de prisión, pero permanece en libertad condicional. También fue sentenciado Iván Eli Sánchez Jasso, representante de Building Consultoría Organizacional, quien ya está sentenciado.
Por ese mismo caso están vinculados a proceso el exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Enrique Antonio Tarín García, y el exdirector general de Administración de la misma dependencia, Gerardo Villegas Madriles.
Los pagos se hicieron en 2016, de la siguiente manera: 500 mil pesos el 23 de agosto, 300 mil el 26 del mismo mes, 400 mil el 15 de septiembre, 400 mil pesos el 23 de septiembre y 820 mil pesos el 30 del mismo mes.
A Hernández Aguilar se le imputa haber simulado el proceso de licitación, firmando el dictamen de excepción a la subasta pública y el acta de adjudicación directa.
La juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de ocho meses, y estableció el próximo 4 de julio como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.
