Ciudad de México.- Uno de cada dos asesinados en contra de policías municipales y estatales que se cometieron entre el 1 enero y el 28 de julio de este año se registraron en los estados de Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz y Estado de México.
De acuerdo con la organización Causa en Común, durante este periodo 210 mujeres y hombres que laboraban en corporaciones de Seguridad Pública de 25 entidades del país murieron durante enfrentamientos, emboscadas o motines. La mayoría de los asesinatos de policías, caídos en cumplimiento de su deber, se cometieron en entidades con presencia de cárteles y organizaciones criminales.
Los datos recabados por la organización refieren que los asesinatos se ejecutaron en 110 municipios del país, principalmente entre los meses de mayo, junio y julio.
Guanajuato es la entidad más peligrosa para los policías del país, ya que durante este periodo se cometieron 34 asesinatos en su territorio.
Le siguen Veracruz, 22; Guerrero, 22; Puebla, 20 y Estado de México, 18. Otras entidades con más crímenes son: Ciudad de México, 13; Chihuahua y San Luis Potosí 10 cada una y ocho en Oaxaca.
Entre los crímenes se encuentra la emboscada (18 de abril) contra seis elementos del municipio de Zihuatanejo, por un comando armado.
La ejecución fue filmada por los atacantes, quienes la subieron a las redes sociales para retar a las autoridades sobre los operativos que realizan en la zona.
Seis más fueron acribillados en Salamanca, Guanajuato, por hombres con armas de alto poder, el 1 de junio en la calle Sol en la colonia La Gloria.
De acuerdo con los registros, en Puebla se cometieron dos matanzas múltiples. La primera de ellas fue el 15 de junio en Amozoc, cuando seis elementos perdieron la vida en un enfrentamiento con huachicoleros.
La segunda se registró el 28 de julio, cuando cinco policías circulaban sobre la carretera interserrana Huauchinango-Naupan, a la altura del paraje La Calera, en la comunidad de Nopala.
El 1 de junio, siete policías que acudieron a apoyar en la seguridad durante un motín en la prisión de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fueron privados de la vida.
Tras los asesinatos las autoridades condenaron los hechos, sin embargo, en pocos casos, las investigaciones permitieron la captura de los homicidas.
Con la muerte de algunos elementos, las autoridades se comprometieron a entregar gastos de seguros mayores a los familiares, así como a apoyar a los hijos de las víctimas.
Organizaciones de la sociedad civil, así como autoridades de instituciones de seguridad nacional, han solicitado mejorar la calidad de vida de los policías operativos, a través de mejores percepciones económicas, capacitación y apoyo a la vivienda y a sus familias.
