Elementos de la Policía Federal (PF) incurrieron en diversos abusos contra ocho personas, entre ellos cinco menores de edad, durante una ilegal irrupción en un domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la posterior detención arbitraria de los agraviados, uno de ellos víctima de tortura por parte de los agentes federales.
Así lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras hacer las investigaciones correspondientes por este caso de violaciones a las garantías fundamentales de tres adultos y cinco menores, entre ellos una bebé de seis meses de edad, por lo que el organismo dirigió la Recomendación 27/2018 al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, donde entre otras le exige reparar el daño a las víctimas y colaborar en las investigaciones que se desprendan de la denuncia que interpondrá por estos hechos.
La CNDH acreditó que los policías federales vulneraron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, en agravio de las ocho víctimas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres adultos (dos mujeres y un hombre), lo que propició dilación en la puesta a disposición; además de que uno de los adultos fue objeto de tortura, lesionando sus garantías a la integridad personal y dignidad.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de una pareja en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde estaban en compañía de su pequeña de seis meses de edad y de la hermana (menor de edad) de la mujer, además de una amiga de la familia y sus tres hijos de 8, 12 y 13 años. Los federales se introdujeron en el domicilio sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente. “Trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad”, detalló la Comisión Nacional.
Tras sus indagatorias, el organismo acreditó que las tres víctimas adultas estuvieron 13 horas y 20 minutos retenidas ilegalmente por los agentes federales antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público federal. “Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la PF, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar”.
Por ello, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió a Sales en la recomendación que se inscriba a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas, para la adecuada reparación del daño, incluida la atención psicológica y una debida compensación; que colabore en la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncua de hechos y en la queja que la CNDH formule ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF contra los agentes involucrados en las violaciones a derechos humanos.
Además que la PF solicite a la PGR extraer del archivo temporal la averiguación previa que se inició por lesiones y abuso de autoridad. “Para que se analice su acumulación a la diversa indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, tomando en cuenta las evidencias de la presente Recomendación para que, en su caso, se determine la responsabilidad por las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos de la PF”.
También demandó que se proporcione a los elementos federales equipos de videograbación y audiio que permitan evidenciar que las acciones realizadas durante los operativos se apegan a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
