El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca se declaró culpable de los delitos de peculado y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares durante su gobierno, en el tramo final de un juicio en su contra, dijo este martes su abogado, con lo que busca reducir su condena a 10 años tras las rejas.
Saca aceptó los cargos en julio a través de un documento enviado al fiscal general, a cambio de recibir un proceso abreviado y reducir su pena de 30 a 10 años de prisión, según explicó su abogado Lisandro Quintanilla, quien asistió a la instalación del juicio en un tribunal de San Salvador.
En vista de que el imputado se declara culpable, entonces, por este hecho, (busca) evitar toda la actividad probatoria para declarar a los convictos (y) la misma ley le permite este ajuste de hacer una sanción menor”, expresó Quintanilla a la prensa.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, Saca y seis de sus funcionarios desviaron dinero proveniente del erario y lo trasladaron a 16 cuentas particulares que fueron utilizadas para beneficiar a personas naturales, empresas radiales del expresidente y pagar publicidad para el entonces partido oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Pese a que la fiscalía había anunciado que contaba con pruebas sólidas para comprobar los delitos, el Ministerio Público aceptó la confesión y le presentó la petición de proceso abreviado al juez.
Nosotros estamos actuando dentro del marco de la ley, este es un procedimiento abreviado, no significa que el caso se ha perdido, es más, nosotros estamos proponiendo una pena de 10 años de prisión contra el expresidente de la República”, dijo a la prensa Jorge Cortez, jefe de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía.
Otros tres exsecretarios también aceptaron los cargos que se les imputan, pero solo dos de ellos lograrían reducir la pena hasta cinco años de prisión, si el juez acepta la petición.
Antonio Saca, quien también deberá devolver bienes adquiridos con fondos públicos, no dio declaraciones a la prensa durante la instalación de la última etapa del juicio en su contra, que podría extenderse durante las próximas semanas.
El exmandatario, un empresario de 53 años que fue capturado en octubre de 2016 durante la celebración de la boda de uno de sus hijos, gobernó el empobrecido país centroamericano entre 2004 y 2009.
