La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) pidieron el viernes que se retire la inmunidad al presidente guatemalteco Jimmy Morales por tercera ocasión para poder investigarlo por delitos de financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevó al poder en 2016.
Un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó a The Associated Press que un juzgado recibió la solicitud de la fiscalía y la CICIG.
Las autoridades acusan a Morales de haber recibido en 2015 al menos un millón de dólares por parte de empresarios como aporte a la campaña electoral del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que al no ser declarado por Morales –en aquel entonces secretario general y representante legal de partido– se habría convertido en el delito ya señalado.
En total, el financiamiento electoral ilícito en el que habría incurrido FCN-Nación alcanzaría dos millones de dólares.
Esta no es la primera vez que ambas instituciones solicitan el retiro de la inmunidad de Morales. La primera fue en agosto de 2017 cuando se anunció la primera parte de una investigación por la misma situación. En aquel entonces se determinó que los representantes legales del partido de Morales incumplieron la obligación de rendición de cuentas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocultando más de un millón de dólares. Y aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al caso, el Congreso protegió al mandatario y no logró los votos necesarios para dejarlo sin inmunidad.
La segunda solicitud ocurrió el mismo año después de que se determinara que por nueve meses recibió un sobresueldo por parte del ejército por unos 61.000 dólares, dinero que tuvo que devolver. En aquel momento la CSJ se negó a dar trámite al caso.
La tercera solicitud, hecha este viernes, fue remitida a un juzgado que deberá trasladarlo a la CSJ, que a su vez deberá analizarlo y decidir si le da trámite. De ser así tendría que enviarse al Congreso para que éste nuevamente tome una decisión.
Las dos primeras solicitudes fueron impulsadas por la entonces fiscal general Thelma Aldana –reconocida internacionalmente por sus esfuerzos para confrontar la corrupción en Guatemala–, pero este es el primer caso de alto perfil de la nueva encargada de procurar justicia, María Consuelo Porras, seleccionada por el mismo Morales y después ratificada por el Senado.
La investigación que sustenta esta tercera solicitud señala que el dinero fue entregado al partido a través de la empresa Novaservicios S.A. para el pago de fiscales electorales de FCN-Nación para que vigilaran las mesas electorales durante las elecciones de 2015, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según dijo a la AP una persona con conocimiento del caso que también pidió el anonimato pues aún no se ha realizado un anuncio oficial sobre esto.
Iván Velásquez, titular de la CICIG, ha dicho en retiradas ocasiones que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”.
Morales siempre ha negado los cargos y ha dicho que las investigaciones en su contra son infundadas o son ataques políticos. También ha contraatacado a quien intenta investigarlo.
En agosto de 2017, después de que se solicitara el primer retiro de su inmunidad, el mandatario intentó expulsar del país a Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad lo detuvo. Morales mantiene a través der su canciller una solicitud constante a Naciones Unidas de retirar a Velásquez del cargo.
