San Diego.- Un juez federal amplió la orden de congelar la deportación de familias separadas en la frontera de Estados Unidos con México, una prórroga que permitirá a centenares de menores y sus padres permanecer en suelo estadounidense por un tiempo más.
El juez Dana Sabraw dijo en su orden emitida el jueves que la deportación “presurosa” de los menores después de reunirlos con sus padres los privaría del derecho a solicitar asilo.
El gobierno rechaza la postura del juez y afirma que los padres han renunciado al derecho de que sus hijos pidan asilo cuando firman las formas para su deportación. Ambas partes examinarían la decisión en una audiencia prevista para el viernes.
La orden para ampliar el congelamiento, que Sabraw dispuso por primera vez el 16 de julio, abarca a más de 2.500 menores apartados de sus padres.
En su fallo, Sabraw dijo que aplazar las deportaciones “no gravaría injusta o indebidamente los recursos disponibles del gobierno”. En cambio, agregó que efectuarlas iría contra el interés público de defender las leyes del país y proteger los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.
Afirmó que las personas que se dicen perseguidas en sus países deberían ser escuchadas por lo menos. Muchas de las familias han dicho que huyen de la violencia en sus naciones en América Central y sopesan solicitar asilo.
“La Corte salvaguarda los derechos que la Constitución de Estados Unidos otorga a todas las personas, derechos que son particularmente importantes para los menores de edad que buscarían refugio mediante el asilo, y los derechos que han sido reconocidos específicamente en la Orden Ejecutiva del presidente en las circunstancias particulares de este caso”, escribió Sabraw.
A finales de junio, Sabraw había ordenado que los niños menores de 5 años fueran reunidos de nuevo con sus padres en 14 días y los mayores de esa edad en 30 días.
La orden fue emitida días después de que el presidente Donald Trump, en medio de la indignación púbica que había causado la separación de los menores de sus padres, suspendió la política de “tolerancia cero” puesta en marcha en la primavera y que incluía apartar a las familias en la frontera.
A partir del 16 de agosto, el gobierno había vuelto a reunir a 2.089 menores con sus padres u otras personas, incluidos patrocinadores. Casi 600 continuaban separados, de ellos 366, cuyos padres fueron deportados.
