Ginebra.- Los investigadores respaldados por Naciones Unidas que examinaron la represión de las fuerzas de Myanmar que provocó el éxodo de cientos de miles de musulmanes rohinya al vecino Bangladesh emitieron una dura crítica el martes sobre la respuesta del propio organismo a la crisis de derechos humanos.
En un reporte de 432 páginas, los miembros de la “misión de investigación” en Myanmar detallaron las conclusiones preliminares y recomendaciones publicadas en un texto más breve hace tres semanas.
Los investigadores reiteraron que altos cargos militares birmanos deberían ser procesados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los rohinya por la letal represión que comenzó en agosto de 2017, tras ataques insurgentes a puestos de seguridad en el estado de Rakhine.
El reporte proporciona también nuevos detalles sobre las preocupaciones de los investigadores acerca de la reacción de la ONU durante el brote de violencia. El “único comunicado” de la oficina del coordinador residente “fue para condenar los ataques de ARSA (el grupo insurgente) y las bajas sufridas por las fuerzas de seguridad de Myanmar”, dijeron.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, en marzo de 2017 tras años de abusos contra las minorías étnicas en Myanmar, centrándose en el periodo desde 2011, cuando el país empezó a abrirse tras décadas de aislamiento por el largo mandato de la junta militar.
El texto completo proporciona un análisis detallado de la violencia registrada en los estados de Kachin, Shan y Rakhine. Muchas de estas agresiones se habían documentado y publicado a través de la recopilación de relatos de testigos, imágenes tomadas por satélite y otras fuentes. El informe señala las denuncias de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares y efectivos de otros cuerpos de seguridad, incluyendo asesinato, torturas, pillaje, ejecuciones sumarias, violación, esclavitud sexual y toma de rehenes.
