Lima.- Los abogados de las familias de 25 peruanos asesinados durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori pidieron el viernes a la Corte Suprema que anule el indulto otorgado al exmandatario para que retorne a la cárcel.
La solicitud se realizó en una sala judicial de Lima durante una breve audiencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el magistrado supremo Hugo Núñez escuchó también al abogado del expresidente, excarcelado por un indulto que recibió en diciembre del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski y que despertó protestas multitudinarias en todo el país. Fujimori, de 80 años, no estuvo presente durante la sesión.
La Corte Interamericana ordenó en junio a la justicia peruana verificar si el indulto ordenado horas antes de la Navidad de 2017 por Kuczynski es legal de acuerdo con las leyes internas e internacionales a las que Perú está suscrito. También dio plazo hasta fines de octubre para que la justicia peruana y las defensas de ambas partes informen sobre los avances del caso.
Los abogados de las familias de las víctimas dijeron que la liberación no es posible porque los delitos por los que fue condenado Fujimori son considerados crímenes de lesa humanidad por la legislación internacional. Gloria Cano, una de las defensoras, comentó que la excarcelación fue un “pacto político para lograr impunidad” entre Kuczynski y un grupo parlamentario ligado al hijo menor de Fujimori en momentos en que Kuczynski tenía un gobierno debilitado y enormes presiones de la oposición parlamentaria.
Cano recordó que tras su liberación el expresidente ha viajado a zonas periféricas de Lima a más de 3.115 metros de altitud pese a que afirma sufrir de arritmia cardiaca. También argumentó que el informe médico que permitió la liberación no mencionó cuál es la dolencia que arriesga la vida de Fujimori en prisión. Se indicó que las condiciones de Fujimori en su celda, con enfermera y ambulancias a su disposición, le permitían mayor accesibilidad y rapidez a los servicios de salud en casos de emergencia que en su actual residencia alejada de la clínica donde asiste con regularidad para examinar su salud.
La administración del expresidente Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque supuestamente padecía de “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, pero no mostró detalles que justificaran su decisión.
Por su parte Miguel Pérez, el abogado de Fujimori, consideró que el indulto no puede ser revisado por que es “cosa juzgada” y añadió que la decisión judicial que permitió realizar la audiencia fue arbitraria y contraria al sistema legal peruano.
Fujimori enfrenta además un nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos realizado por un grupo de militares que fue el mismo que ejecutó extrajudicialmente a las 25 víctimas por las que había sido condenado en 2009. Las víctimas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas entre 1991 y 1992 en medio de la guerra sucia con la que una parte de las fuerzas de seguridad respondió a los ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno en Perú.
Kuczynski renunció en marzo presionado por la oposición parlamentaria por supuestas acusaciones de corrupción. Lo reemplazó el actual mandatario Martín Vizcarra, quien era vicepresidente.
Fujimori gobernó Perú durante una década desde 1990 y a fines de 2000 huyó a Japón acosado por escándalos de corrupción. El Parlamento lo retiró del cargo por “incapacidad moral”.
