Ciudad de México.- Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Además, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso (para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación) de 41 bienes, entre los que se encuentran 21 parcelas (que se localizan en Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos), que se ubican en Ciudad de México, Cancún, estado de México y Veracruz.
El juez Fuerte Tapia accedió a la petición que hizo la defensa de Javier Duarte desde el pasado 17 de septiembre de dictar sentencia al ex gobernador a través de un juicio abreviado, el cual tuvo lugar ayer en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Norte, y además de la condena de prisión se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos. El juzgador no le impuso ninguna reparación del daño, por considerar que con el decomiso de los inmubeles queda cubierto.
Esta es la primera vez que un ex gobernador acusado de desvío de recursos públicos es sentenciado en el nuevo sistema de justicia penal, lo cual también permitirá que su condena se pueda reducir hasta en 50 por ciento en los siguientes años.
En la audiencia estuvieron presentes –además del juez– los representantes de la Procuraduría Genera de la República (PGR), la defensa de Duarte de Ochoa, el inculpado y como víctima, los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente del Servicio de Administración Tributaria.
Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal presentó 47 datos de prueba con los cuales demostró la participación de Duarte de Ochoa en los delitos que se le imputaban y también acreditó que sus conductas configuraron delitos que debían ser sancionados.
Luego de que se analizó la carga probatoria aportada por la PGR, el juez preguntó a Javier Duarte:
–¿Acepta su responsabilidad por los delitos que se le imputan?
–Con base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí, su señoría.
– ¿Admite su responsabilidad por los delitos que se le imputan?
–¡Sí, su señoría!
Según las investigaciones de la PGR, Duarte de Ochoa desvío durante su mandato de 2010 a 2016 al menos mil 650 millones de pesos del erario veracruzano, dinero que estaba destinado a servicios de salud y educación y que fue transferido a empresas fachada y posteriormente, a través de sus prestanombres Moisés Manzur, José Juan Jainero y Gerardo Rosas Bocardo, se adquirieron de manera ilegal 117 parcelas del ejido Lerma, en la capital de Campeche.
Las tierras que fueron adquiridas en dos millones de pesos y cuyo valor asciende, según cálculos de la PGR, a alrededor de 300 millones de pesos, alcanzan este valor debido a que se ubican a un costado del Campeche Country Club, una zona residencial de alto valor.
Desde el 20 de octubre Duarte se convirtió en prófugo de la justicia mexicana, ya que en el ámbito federal inicialmente fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras en el fuero común enfrenta diversas acusaciones por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y corrupción. El ex gobernador veracruzano fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México en julio del año pasado, y ha permanecido, desde entonces, preso en el Reclusorio Norte.
Desde que fue imputado, el gobierno de Veracruz ya ha recuperado a través de la PGR más de 400 millones de pesos en efectivo, que fueron entregados por empresas que habían participado en la triangulación de recursos.
Esta diligencia de juicio abreviado ocurre casi un mes después de que la PGR solicitó al juez federal la reclasificación de los delitos que se imputaban a Duarte, y modificó la acusación de delincuencia organizada por asociación delictuosa.
La audiencia duró cinco horas, y a ella Duarte se presentó con la barba crecida y con el pelo muy corto, casi a rape. Al escuchar la sentencia, el ex gobernador solamente movió la cabeza aceptando el veredicto.
Tras la audiencia, el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana informó que una vez que su cliente cumpla la mitad de la pena de nueve años, estará en posibilidad de solicitar la reducción de la condena hasta por 50 por ciento, de acuerdo con lo establecido en el nuevo sistema de justicia penal.
A la condena de Javier Duarte deberán descontarse los días que ha estado en prisión –incluyendo el tiempo que permaneció en una cárcel guatemalteca en espera de ser extraditado a México–, esto es, desde el 15 de abril de 2017.
