Ciudad de México. En el caso de los presuntos actos de corrupción donde están involucrados la empresa brasileña Odebrecht y funcionarios mexicanos no habrá impunidad y se llegará a las últimas consecuencias, afirmó Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, quien propuso que dicho organismo se integre al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“En el caso de Odebrecht y cualquier otro caso, en un estado democrático se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para ejercer la acción penal y los casos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que han violado la voluntad ciudadana para enriquecerse a costa de los cargos y de los espacios de poder”, indicó Nieto tras impartir este viernes una conferencia magistral en el tercer y último día de actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2018.
Al ser consultado sobre si el nuevo gobierno iniciará una “cacería de brujas” por el caso de Odebrecht, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) enfatizó que ese tipo de acciones sólo ocurren cuando las autoridades buscan legitimarse a través de acciones espectaculares, lo cual no necesita hacer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo un alto índice de votos el pasado 1 de julio.
“En este y en todos los demás casos, debe prevalecer el estado de derecho y por tanto se tiene que sancionar a los responsables, llámense como se llamen, y no es cacería de brujas, sino simplemente cumplimiento de estado de derecho”, manifestó.
— ¿(El ex director de Pemex Emilio) Lozoya puede estar tranquilo?, se le preguntó.
— … De que se aplicará la ley, atajó Nieto.
Luego de enfatizar que habrá “cero tolerancia” a la corrupción y a la impunidad, el especialista adelantó que propondrá que la UIF se integre al SNA, junto con la Fepade y el Servicio de Administración Tributaria, para tener más datos sobre la operación de las “empresas fantasma” que han servido para triangular recursos desde los organismos públicos hacia manos privadas, con fines ilícitos.
“La corrupción de Chihuahua, Sedesol y Sedatu, Veracruz, Quintana Roo y Nayarit no pueden explicarse sin las ‘empresas fantasma’ de los cuales fueron desviados los recursos y ese es un trabajo que se requiere desarrollar no sólo en ámbito de instituciones, que en este momento forman parte del SNA, como la Auditoría Superior de Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, sino también que estén presentes estas áreas que puedan dar información relevante en temas de lavado de dinero”, recalcó.
