Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las universidades que reciben fondos públicos tienen observaciones por más de 14.6 mil millones de pesos en total, la mayoría generadas por anomalías como manejo inadecuado de fondos de jubilación, compra irregular de materiales, fallas en comprobación de gastos o falta de entrega de los trabajos por los cuales firmaron contratos con entidades de gobierno.
En un análisis de cada una de las 55 casas de estudio auditadas por el ente revisor, se pudo verificar que el total de recursos por recuperar o aclarar por todas ellas –en las cuentas públicas de diversos años– es de 14 mil 624.3 millones de pesos.
A inicios de este mes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración está dispuesta a rescatar financieramente a varias universidades públicas estatales donde la falta de recursos ha generado huelgas y falta de condiciones básicas para el estudio, pero demandó que haya rendición de cuentas sobre los motivos que condujeron a esa crisis.
Muchas de las irregularidades detectadas se relacionan con contratos firmados entre las universidades públicas y organismos gubernamentales –como las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu)– para hacer trabajos que los centros educativos subcontrataron con empresas privadas y no se concretaron.
Sin embargo, hay otras observaciones que se refieren a la operación cotidiana de las casas de estudio, en las cuales no hubo un manejo adecuado de los recursos públicos que reciben de la Federación.
Entre las universidades señaladas por haber hecho mal uso de contratos con entidades gubernamentales se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se encontraron irregularidades por mil 632.3 millones de pesos, producto de fallas en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.
Ejemplo de los malos manejos en que incurrió ese centro educativo es el de los contratos que firmó con la Sedesol por 324 millones 632 mil pesos, para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales a su vez subcontrató por completo con dos proveedores que no tenían capacidad para ese trabajo y no dieron pruebas de haberlo realizado.
Otro caso es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no ha comprobado el uso de 616.3 millones de pesos, entre otras irregularidades, por un convenio de colaboración con la Sagarpa por 219 mil pesos, que comprometía a la casa de estudios a prestar servicios para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, lo cual nunca se efectuó.
No obstante, hay casos de irregularidades en universidades públicas que no tuvieron que ver con contratos firmados con entidades de gobierno. Uno es el de la Autónoma de Nuevo León, que tiene observaciones por 3 mil 819.4 millones de pesos aún sin aclarar, en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.
Otras casas de estudio que acumularon señalamientos significativos de la ASF son las universidades autónomas del Carmen (mil 157.7 millones), del Estado de México (795.1 millones), de Chiapas (359.1 millones) y la Autónoma Metropolitana (625.9 millones), además de la Politécnica de Francisco I. Madero (185.8 millones), la Politécnica de Chiapas (249.6 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mil 95 millones).
