El máximo tribunal penal de Argentina confirmó el viernes una condena a cuatro años y seis meses de cárcel para el expresidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su gestión. Pero Menem no será detenido porque goza de inmunidad de arresto como senador.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena por peculado que en 2015 recibió el actual legislador de la cámara alta, de 88 años, quien intentaría acudir a la Corte Suprema para que revea la sentencia mediante un recurso extraordinario.
En el Senado prevalece el principio de mantener los fueros hasta tanto la condena no esté firme. Si el máximo tribunal ratificara la sentencia, los senadores tendrían que discutir y votar si le retiran la inmunidad, para lo que serían necesarios dos tercios de los votos. Por su elevada edad, el exmandatario podría ser beneficiado con la prisión domiciliaria.
El tribunal de alzada -conformado por tres jueces- confirmó además una condena de tres años y medio de cárcel para el exministro de Economía, Domingo Cavallo, al considerarlo partícipe del delito de peculado. El exfuncionario también intentaría apelar.
Al conocer la decisión judicial Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción que fue querellante en la causa, felicitó al equipo de abogados de ese organismo por su “profesionalismo y rigurosidad” en su cuenta de Twitter.
En el juicio a Menem, Cavallo y otros exfuncionarios se consideró probado un sistema de pago de sobresueldos en efectivo y sin registro alguno con montos provenientes de fondos reservados que representaban hasta el quíntuple de los haberes mensuales legales.
Menem afirmó que era víctima de una acusación política y el exministro de Economía argumentó que nunca supo que los suplementos podían provenir de un acto ilícito.
Días atrás, el expresidente fue beneficiado con una absolución dictada por el mismo tribunal en una causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia a principios de la década de 1990 mientras ambos países estaban involucrados en conflictos armados.
Esa medida dejó sin efecto una condena de siete años de prisión contra el exmandatario, al considerar que no se cumplió un plazo judicial razonable para que la sentencia quedara firme.
Pero Menem tiene abiertos otros frentes judiciales: está siendo juzgado por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra un centro judío en 1994 y por la supuesta venta a precio vil de un predio a la Sociedad Rural, lo que habría producido un perjuicio al Estado.
En tanto está procesado por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas” en la explosión de una fábrica militar en 1995 -que habría sido provocada para ocultar el faltante de las armas contrabandeadas- y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
