Manila.- Aliados cercanos al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, han renunciado de su gabinete para postularse en las elecciones del próximo año que pondrán a prueba su popularidad y podrían determinar su futura influencia política.
Entre los que se postulan para las elecciones del 13 de mayo están el exsecretario de Exteriores de Duterte, quien lo defendió incondicionalmente de críticas internacionales por sus mortales medidas contra el narcotráfico, su vocero, su consejero político y un asesor de mucho tiempo. El miércoles fue el último día para que los aspirantes se registraran como candidatos.
Más de 18.000 puestos gubernamentales estarán disponibles, incluidos 12 escaños en el Senado de 24 miembros que este año obstaculizó los esfuerzos de los aliados de Duterte para reformar rápidamente la constitución del país que permitieran cambiar a un sistema federal de gobierno. Todos los puestos en la Cámara de Representantes también se disputarán.
La popularidad de Duterte, de 73 años, ha permanecido desde que ganó un periodo de seis años en junio de 2016 con la promesa de erradicar el crimen y la corrupción arraigada desde hace mucho tiempo, a pesar de las críticas internacionales y nacionales por sus sangrientas medidas contra las drogas ilegales, que han matado a casi 5.000 sospechosos en enfrentamientos con policías.
Aunque los aliados de Duterte dominan abrumadoramente la Cámara de Representantes, el Senado ha representado un reto con la presencia de miembros de la oposición, así como aliados de Duterte que han tomado posturas críticas en temas sensibles como cambiar la constitución de 1987.
Imee Marcos, gobernadora provincial e hija del fallecido presidente Ferdinand Marcos, presentó su candidatura para el Senado. La viuda de 89 años de Ferdinand Marcos y miembro saliente de la Cámara de Representantes, Imelda Marcos, planea reemplazar a su hija como gobernadora de la provincia norteña Ilocos.
Un “poder del pueblo” respaldado por el ejército destituyó a Marcos en 1986. Él y su esposa fueron acusados de saquear las arcas del gobierno durante años de mandato que también fueron marcados por enormes violaciones a los derechos humanos.
