Ciudad de México. A petición expresa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a toda la administración pública federal, que incluye integrar una secretaría de seguridad pública con atribuciones en materia de protección “ante cualquier riesgo o amenaza” a la sociedad, e incluso de seguridad nacional y protección civil.
En su propuesta, suscrita por el coordinador de Morena, Mario Delgado, también el nuevo gobierno propuso que su política de comunicación social sea regida por la Oficina de la Presidencia, con el apoyo de Gobernación.
Delgado también expuso por qué se busca otorgar atribuciones adicionales a la secretaría de seguridad:
“La mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado en todo el territorio nacional y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o corrupción, de los cuerpos de policía.
“Por esa situación, no cabe separar seguridad nacional y seguridad pública; sin restablecer, en todo el territorio, la segunda, el Estado mexicano no podrá garantizar la primera”.
Ponderó que la nueva estrategia de seguridad buscará “devolver a la sociedad, la paz y la tranquilidad”, y que en ese sentido, el Presidente será quien encabece la coordinación del gabinete de seguridad: Gobernación –que mantendrá su responsabilidad en materia de política interior-, seguridad, Defensa, Marina y el fiscal General de la República.
“En la estrategia a desplegar por el nuevo gobierno, la coordinación entre Gobernación y seguridad será total y cotidiana, y el garante de esa coordinación será el propio Presidente, quien día con día encabezará las tareas del gabinete. Unidad de mando, visión común; preminencia de la visión civil; compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades sociales, son los pilares de la estrategia”, resaltó.
En la exposición de motivos, se planteó que los gobiernos surgidos de procesos democráticos están obligados a cumplir sus compromisos de campaña y que, al contar con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, deben actuar “independientemente de costos políticos o la reticencia que pudiera presentarse en el sector público”.
En ese sentido, argumentó que para responder a las demandas de la sociedad y los ciudadanos, debe contar con instrumentos que le permitan garantizar “un auténtico Estado de derecho, cuya misión central sea que la sociedad tenga asegurado tanto el respeto a sus derechos como la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población”.
Por ello resaltó que ante la pobreza que aún sufre el país, y que es “intolerable e inadmisible”, la administración de López Obrador “realizará acciones que contribuyan a la superación sostenible de la pobreza”, sin descuidar “a las pujantes clases medias para que recuperen la perspectiva de mejoría y progreso”.
La iniciativa incluye así un rubro de política de bienestar, que considera un giro en la estrategia en el combate a la pobreza: “pasar de los programas sociales concebidos como paliativos, a otra que permita abrir oportunidades de trabajo”.
Asimismo, fija su postura respecto de la participación del sector privado nacional y extranjero, al plantear que el gobierno de López Obrador “será un aliado de las inversiones productivas, a las que se otorgarán facilidades, a través e una política económica y el respeto al estado de derecho; es decir, seguridad jurídica que requieren los empresarios”.
