Ciudad de México.- El debate sobre el aborto cobra fuerza en México después de que Morena propusiera su despenalización, algo que ahora solo es posible hasta las 12 semanas de gestación en la capital, y que en otros estados es un delito por el que las mujeres pueden ser encarceladas.
La diputada federal Silvia Lorena Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó esta semana en el Congreso una iniciativa para modificar el Código Penal Federal.
La propuesta contempla que no se sancione a aquellas mujeres que interrumpan su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, al igual que está contemplado, desde hace once años, en la Ciudad de México, el único de los 32 estados del país con una norma similar.
Desde que el pasado 1 de julio el izquierdista López Obrador ganara los comicios presidenciales, la pregunta de qué haría respecto al tema del aborto ha estado sobre la mesa.
La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha mostrado su apoyo a la despenalización, y ha dicho públicamente que el hecho de que algunas mujeres acaben en prisión por haber abortado es una “gran injusticia social”.
Actualmente, el Código Penal Federal mexicano impone de uno a cinco años de prisión a las mujeres que se sometan a un aborto o se lo provoquen, así como condenas que pueden ir de uno a ocho años de prisión a quienes lo realicen, incluyendo médicos.
Una pena que para las mujeres disminuye (de seis meses a un año de prisión) si concurren tres circunstancias: que “no tenga mala fama”, que “haya logrado ocultar su embarazo” y que este sea “fruto de una relación ilegítima”.
Las excepciones para que no haya castigo son dos: que la vida de la mujer corra peligro o que el embarazo haya sido fruto de una violación.
Sin embargo, el aborto también se rige por las leyes locales de cada uno de los estados, que determinan qué circunstancias hacen que no sea punible.
Algunos estados, incluso, han incorporado a las constituciones locales artículos que protegen el “derecho a la vida” desde el momento de la concepción. El último en incorporarse a esta lista, conformada por 18 regiones, ha sido Sinaloa.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), de enero de 2007 a diciembre de 2016 se registraron los casos de 53 personas (19 de ellas mujeres) que fueron enviadas a la cárcel por el delito de aborto, y otras 83 (entre ellas 44 mujeres) a las que se les dictó prisión preventiva.
En las mismas fechas hubo 531 juicios penales y 228 sentencias.
La directora del Gire, Regina Tamés, dice a Efe que la legislación actual no solo hace que haya “mujeres de primera y de segunda” -dado que en la capital tienen más derechos que fuera de ella-, sino que también favorece “el riesgo latente de que las mujeres sean criminalizadas”.
El Estado está invirtiendo recursos en perseguir, investigar y mandar policías a custodiar salas de hospitales”, y acaba considerando que “las mujeres son igual que cualquier otro delincuente”, argumenta.
El Gire, que ha acompañado varios juicios penales por el delito de aborto, ha podido constatar que normalmente las mujeres que acaban vinculadas a estos procesos son de nivel socioeconómico bajo y sin formación sexual.
Por otra parte, muchas de ellas han sido violadas: “Hemos visto un incremento muy fuerte en los últimos años en violencia sexual”, apunta Tamés, quien considera necesario que haya un “diálogo serio” en torno al tema del aborto en el país.
La conversación sobre este tema se intensifica en México en un momento trascendental para América Latina, sacudida por el debate en Argentina de un proyecto que abogaba por la despenalización hasta la semana 14 de gestación y que, finalmente, fue rechazado por el Senado a principios de agosto.
La dicotomía que se vio en Argentina entre los pañuelos verdes -que portaban los defensores del derecho al aborto- y los celestes -a los que se aferraron sus detractores- se ha calcado en México, donde partidarios de ambos bandos han echado mano a los mismos símbolos en sendas manifestaciones.
Incluso la Diana Cazadora, estatua situada en el Paseo de la Reforma capitalino, ha lucido uno de estos emblemas, cuando un grupo de activistas colocó en su brazo derecho un pañuelo verde con la reivindicación “aborto legal”.
