Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó la opacidad y discrecionalidad con la que se maneja el Ramo 23.
Al ponerle lupa al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) identificó que la Secretaría de Hacienda asigna recursos a las entidades como quiere, sin regulación; obra pagada no ejecutada o de mala calidad; falta de documentación comprobatoria; recursos no ejercidos, pero no devueltos a la Tesorería; pagos improcedentes o en exceso y falta de amortización de los anticipos, lo que provocó un posible daño a la hacienda pública federal por 2 mil 477.7 millones de pesos.
La segunda parte de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 que entregó el auditor superior, David Colmenares a la Cámara de Diputados, evidencian que hubo posible daño por 2 mil 514.1 millones de pesos, pero los entes auditados regresaron a la Tesorería 36.4 millones.
Al respecto, Colmenares Páramo dijo que el Fortafin se asigna de forma tan discrecional que en 2017 se ejerció 1,699% más dinero que el etiquetado. Explicó que se tenían asignados 3 mil 243.6 millones de pesos, pero se ejercieron 55 mil 116.4 millones de pesos.
Añadió que la opacidad del Ramo 23 ha propiciado las llamadas “cuentas licuadora”.
Algunos estados los clasificaron (los recursos del Fortafin) incorrecta e indebidamente como participaciones y los depositaron en las llamadas cuentas licuadoras, donde el dinero se confunde”, expresó.
La opacidad y discrecionalidad llegó a tanto que la ASF tomó la determinación de auditar totalmente los recursos del Fortafin en la Cuenta Pública 2018.
Mientras tanto, en este segundo bloque de informes realizó 17 auditorías, 16 de ellas fueron a gobiernos locales y una a la Secretaría de Hacienda.
Las entidades con mayor monto observado en la fiscalización de este fondo fueron: Estado de México con 960 millones de pesos (el 38.2% del monto total observado), Puebla con 920.6 millones (36.6%); Guanajuato con 173.1 millones (6.9%), Jalisco con 156.4 millones (6.2%), y Aguascalientes con 62.7 millones (2.5%).
Con las auditorías se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por mil 269 millones de pesos. “Al respecto, el Estado de México alcanzó el 56.4% del monto observado por este concepto y Puebla el 37%”.
También recursos no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación por 829.5 millones. “Puebla significó el 44.5% del importe observado en este concepto y el Estado de México el 22.4%”.
La obra pagada no ejecutada o de mala calidad tuvo irregularidades por 87.3 millones. “Los estados que tuvieron un monto observado mayor fueron Jalisco y Puebla, con el 97.7% y 0.8%, respectivamente”.
La falta de amortización de los anticipos involucró 77.1 millones. “Los estados que tuvieron un monto observado mayor en este concepto fueron el Estado de México y Veracruz con el 76.2% y 13.6%, respectivamente”.
Mientras que los pagos improcedentes o en exceso fueron por 56 millones de pesos y Colima y Puebla fueron los que más incurrieron en esta irregularidad.
La ASF enfatizó que no existen reglas de operación, ni criterios claros ni objetivos por parte de la SHCP, para determinar qué monto y vertiente del Fortafin se asigna a cada entidad federativa.
Los recursos se asignan a criterio de la SHCP, es decir, no existe un marco jurídico que regule a quién otorgar los recursos, los motivos, el monto y la temporalidad.
Actualmente, la entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la Secretaría define, los cuales no se publican en el Diario Oficial de la Federación. No existe claridad sobre el problema o necesidad púbica que atiende el fondo, ni se cuenta con una justificación adecuada sobre su pertinencia y alcance”, entre otros aspectos discrecionales.
