Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso en Tamaulipas dio entrada a una iniciativa para convertir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en Fiscalía General de Justicia, con autonomía administrativa, técnica y operativa dejando de ser una dependencia del Ejecutivo.
La transformación de la Procuraduría General de Justicia, incluye la creación de Fiscalía General y establece nuevas figuras y ordenamientos en la estructura de Procuración de Justicia.
Se propone que el Fiscal General sea designado por 7 años, sin posibilidad de reelección y con él se estarán creando dos nuevas fiscalías: La Fiscalía de Asuntos Internos, Fiscalía de Asuntos Electorales y se sumará la Fiscalía Anticorrupción.
Las dos primeras Fiscalías, los titulares serán propuestas del Gobernador del Estado y el Fiscal Anticorrupción, será elegido a través de una convocatoria.
En la iniciativa que fue propuesta por la fracción del PAN en el Congreso del Estado, el Diputado José Hilario González García, detalló que en el proyecto de Decreto, el Fiscal general será designado por el Congreso del Estado de entre una terna propuesta por el Poder Ejecutivo de una lista de 7 candidatos, previamente enviará al Congreso del Estado.
Además, el Procurador General de Justicia en funciones en el momento en que entre en vigor este proyecto de decreto, podrá participar en igualdad de condiciones en el proceso de designación.
Se propone que la Fiscalía cuente con un Consejo de Fiscales, que fungirá como órgano colegiado encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Fiscalía General en todas sus actuaciones.
Además se propone establecer un Consejo de Participación Ciudadana integrado por 5 Consejeros independientes, que deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad pública. Los consejeros serán designados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso y su cargo será honorario.
El ‘transplante’ jurídico que buscan darle de Procuraduría a Fiscalía, incluye crear el Consejo Estatal de Política Criminal, el cual estará integrado por el Gobernador del Estado, el Fiscal General de Justicia, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública y los Fiscales Especializados de la Fiscalía General.
Ante la autonomía de la Fiscalía, se estima que la función de control abstracto de la constitucionalidad será concedido al Ejecutivo, la facultad amplia para promover acciones de inconstitucionalidad, a través del Consejero Jurídico de Gobierno.
Los asuntos de controversias constitucionales y acciones inconstitucionales que tenga iniciadas, deberá transferirlas a la Secretaria General de Gobierno y que no versen sobre la materia penal, si los hubiera en su caso.
Dentro de la iniciativa, se otorgaran 180 días para que la Fiscalía general redacte la propuesta de Ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Deberá crearse también una Unidad Técnica para la Implementación del Nuevo Modelo de Justicia, cuyo titular será designado por el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador.
Una de las facultades que tendrá el fiscal general, será el de establecer los protocolos de actuación e intervención especializadas para atender objetivos específicos de política criminal.
En uno de los apartados de la reforma, se da el listado de quienes “no pueden ser electos Diputados” y ahora se incluye la figura de Fiscal General de Justicia pero se hace la aclaración de que “a menos que se separen 90 días antes de la elección” y para poder ser Gobernador 120 días antes de la elección.
Ahora, se incluye en la lista de las figuras que pueden ser sujetos a juicio político, el Fiscal General y los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos.
En los transitorios, los promoventes, señalan que a los 30 días de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, deberá constituirse una unidad técnica para la implementación del nuevo modelo de procuración de justicia, cuyo titular será designado por el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador.
La unidad deberá diseñar un plan gradual de implementación, así como proponer al Fiscal General la emisión de reglamentos, acuerdos, manuales de organización o protocolos de actuación.
