Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Esta semana iniciará el análisis de la iniciativa en la que se busca otorgar nuevas facultades al ejecutivo para aplicar la figura del “veto” en “tres actos”, una vez aprobada una ley o decreto por el pleno del Congreso.
Desde el Congreso el PAN prepara un paquete de nuevas facultades al Gobierno Estatal
La reforma al artículo 68 de la Constitución implicaría tener la “iniciativa”, “facultad del veto” y “la promulgación y publicación de leyes o decretos”.
Actualmente el poder ejecutivo tiene la obligación de promulgar las leyes y decreto aprobado por el Poder Legislativo o hacer observaciones antes de esta acción y en su caso se modifica.
Sin embargo para la fracción del PAN, quien promueve esta iniciativa, ahora el Ejecutivo no solo podrá hacer observaciones, tendrá la posibilidad de hacer modificaciones, rehacer la iniciativa y enviarla o bien vetarla de lo contrario, podrá promulgarla.
“El Congreso, por mayoría de votos de los Diputados presentes, podrá adoptar las adiciones o modificaciones realizadas por el Ejecutivo o, en su caso, confirmar las partes o porciones observadas”.
Víctor Meraz, Diputado de Acción Nacional, expuso que la última reforma al procedimiento previsto en el artículo 68 de la ley fundamental de Tamaulipas, relativo al ejercicio del derecho de veto que atañe al Ejecutivo, se realizó en el año 2011, mediante el Decreto número LXI- 34 expedido el 18 de mayo del citado año.
El objeto de esta reforma consistió en una homologación de la carta magna, en el que se menciona que si transcurrido el término otorgado al Ejecutivo, federal o local, para promulgar y publicar una ley o decreto del Congreso, si se abstenían de hacer tal publicación, se consideraba promulgada de pleno derecho, dicha norma general.
Ahora, lo que proponen los Diputados del PAN en el Congreso del Estado, es que, en caso de aprobar una Ley o Decreto, exista mayor precisión a los supuestos y forma en que el ejercicio del veto debe asumirse en la práctica parlamentaria.
“El único propósito fundamental de esta iniciativa, atiende a la necesidad de otorgarle mayor orden y certeza jurídica al procedimiento legislativo respecto a la figura del veto, aclarando en el mismo las fases correspondientes al veto parcial y pleno, así como a las consecuencias jurídicas de uno y otro supuesto en el texto constitucional”.
