La decisión del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de centrar su plan de seguridad en una Guardia Nacional controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional constituye un error colosal, aseguró este viernes la organización Human Rights Watch (HRW, en inglés)
Dos días después de que López Obrador presentara su plan en el que llamó a la creación en tres años de una fuerza de 50 mil elementos entrenada militarmente, la organización de derechos humanos estadounidense fustigó duramente la idea de mantener a los militares en labores de seguridad.
“López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en Washington, DC.
“Al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”, agregó Vivanco en un comunicado hoy.
Calificándola como una estrategia equivocada, Human Rights Watch aseguró que no existe evidencia que el involucramiento de fuerzas militares en México haya probado la reducción de la violencia y más aún su uso ha provocado graves abusos contra población civil.
“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa. López Obrador debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”, dijo Vivanco.
Previamente, la organización estadounidense ha sido una de las voces más críticas en contra de las políticas de seguridad basadas en el uso de fuerzas militares de los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto señalando abusos y exigiendo esclarecer casos.
En particular, Human Rights Watch fustigó duramente al Gobierno de Peña Nieto exigiendo el esclarecimiento y sanción a los hechos en Tlatlaya, Estado de México del 30 de junio de 2014, donde soldados mexicanos habrían asesinado a 22 civiles alterando evidencias.
También, la organización estadounidense fue una de las voces más activas para que en 2014 el Estado mexicano concretara la restricción del fuero militar para que miembros de las fuerzas castrenses pudieran ser procesados por autoridades civiles por abusos a derechos humanos.
