Londres.- La primera ministra británica Theresa May intenta promover el acuerdo de separación que logró con la Unión Europea en medio de gran escepticismo entre el público y el Parlamento.
May convocó a su gabinete para una reunión pocas horas después de regresar de Bruselas donde los líderes de las otras 27 naciones de la UE aprobaron el pacto. En pocas horas pronunciará un discurso sobre el tema ante la Cámara de los Comunes.
El acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento, pero decenas de legisladores _tanto del Partido Conservador de May como de la oposición_ han dicho que se opondrán.
May tiene como objetivo convencerlos de que el acuerdo “se acopla a los resultados del referéndum” realizado en el 2016 y en que una mayoría de los británicos votó a favor de abandonar el bloque continental.
La primera ministra argumenta que el pueblo británico está cansado de tanto debate sobre el Brexit, y que la aprobación del arreglo “nos permitirá volver a la unidad nacional sin importar de cómo cada uno votó”.
Lo más probable es que el Parlamento vote en torno al tema antes de Navidad, quizás la semana del 10 de diciembre.
El ministro a cargo de asuntos del Brexit, Stephen Barclay, reconoció que “será un desafío” lograr la aprobación, pero advirtió que Gran Bretaña sufrirá “aguas tormentosas” si el pacto es rechazado.
Si el Parlamento rechaza el acuerdo, el país quedará hundido en una crisis política poco antes de la fecha prevista para el divorcio: el 29 de marzo.
Tanto Gran Bretaña como la UE insisten en que no habrá otra negociación para el acuerdo que se logró tras 18 meses de arduas conversaciones.
“Es el mejor acuerdo posible, es el único acuerdo”, declaró May.
Ello no ha impedido que activistas a favor del Brexit hagan campaña a favor de un divorcio más tajante. Y por otra parte, los partidarios de quedarse en la UE intentan evitar que el Brexit se concrete.
El lunes la Corte Europea desestimó una demanda de 13 ciudadanos británicos residentes de otras naciones de la UE, que pedían anular las negociaciones del Brexit.
Los 13 argumentaban que al vivir en el exterior no pudieron votar en el referéndum del 2016 y que la demanda era la única manera en que podrían evitar perder la ciudadanía europea luego que Gran Bretaña se salga de la UE.
