Ciudad de México.- Con fecha de caducidad de cinco años para tranquilizar a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que se oponen, el pleno del Senado avaló la reforma constitucional para aumentar de siete a 19 los delitos que merecerán prisión preventiva oficiosa, a fin de contribuir a la lucha contra el crimen, y si se logra su abatimiento entonces los eliminará.
La reforma dividió a la oposición, pues mientras una parte de los priistas, entre ellos la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu, y de los panistas, como el exdirigente nacional Damián Zepeda, se pronunciaron en contra, como todos los senadores de Movimiento Ciudadano, Morena, con el apoyo del PT, PES, Partido Verde, PRD y una parte del PRI y el PAN logró las dos terceras partes de los votos de los presentes, como se requiere para una reforma constitucional.
Fue evidente desde la tribuna que se formaron dos bandos. Por un lado, quienes privilegiaron el respeto a los derechos humanos por encima de todo. Por el otro, quienes consideraron que en este momento es necesario hacer una pausa para que un asesino, un violador, un huachicolero, un corrupto sigan en la calle.
Así, con 91 votos en favor, 18 en contra y cero abstenciones, el Senado añadió los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Estos 12 tipos penales se suman a los siete que se incluyeron como parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.
