Ciudad de México.- La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos tiene profundas implicaciones para todas las estructuras de gobierno, pero también para el sistema de políticas públicas, tanto en el ámbito federal como en los estatales y los municipales.
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con el propósito de mostrar que las sociedades democráticas sólo tienen viabilidad cuando en ellas se construyen sistemas jurídicos e institucionales capaces de garantizar de manera universal los derechos de todas y todos.
La citada reforma del 2011 implicaba, además, que los organismos defensores de los derechos humanos se fortalecieran en cada una de las entidades de la República, tanto en lo que a los recursos de que disponen como en lo que al personal que en ellos laboran, con la finalidad de que en cada uno de los estados del país se cuente con los mecanismos necesarios para la adecuada garantía de los derechos humanos.
El contexto
No debe olvidarse que los derechos humanos incluyen no sólo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), y que éstos pueden ser exigidos mediante mecanismos como el Juicio de Amparo. Desde esta perspectiva, destaca el informe sobre Pobreza y Derechos Sociales en México, presentado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyos planteamientos permiten sostener que en nuestro país hay un incumplimiento generalizado de los derechos sociales de la población.
Por otro lado, las condiciones de criminalidad y violencia que se viven en México, y que ha llevado a que 2018 sea el año más violento, de al menos las últimas tres décadas en el país, han provocado una severa crisis de derechos humanos, expresada en fenómenos tan graves como el uso sistemático de la tortura por parte de autoridades en todos los niveles; el homicidio de decenas de personas, o la desaparición forzada, mayoritariamente perpetrada por grupos delincuenciales, pero de cuya práctica no está exenta la autoridad.
Los recursos en los estados
En el contexto señalado, es importante destacar los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos, presentados el 10 de diciembre del 2018 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En este documento destaca, en primer lugar, la reducida participación ciudadana en consejos consultivos de los organismos estatales de protección de derechos humanos.
Según el Inegi, en todo el país hay 253 espacios de representación ciudadana en los citados Consejos, de los cuales 126 son hombres, 85 son mujeres y 42 espacios más se encuentran vacantes; situación preocupante por partida doble: en primer lugar, por el desequilibrio en la representación paritaria y, en segundo, por los huecos que existen en espacios en los que debería haber incluso una mucho mayor participación social.
Al mismo tiempo, destaca el hecho de que en el año 2017 sólo hubo 299 sesiones de estos Consejos convocadas por los organismos estatales, de las cuales se efectuaron únicamente 295, y de éstas, sólo 178 fueron públicas. En ese sentido, destaca el estado de Guanajuato en el cual, de acuerdo con la información del Inegi, durante 2017 la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos no convocó a ninguna sesión de su consejo consultivo, hecho insólito en la entidad con mayor número absoluto de homicidios dolosos y por arma de fuego en todo el territorio nacional.
En el mismo caso de cero convocatorias a sus Consejos se encuentran los estados de Veracruz y Sonora, así como los de Colima, Coahuila y Baja California Sur, donde hubo sólo tres convocatorias a lo largo de todo el 2017.
Por otro lado, de acuerdo con el Inegi, en el 2018 se presentaron en total 202 mil 461 solicitudes de queja ante los organismos estatales y la CNDH, por presuntas violaciones a los derechos humanos; de éstas, sólo en 79 mil 730 casos, es decir, el 39.3% se aceptaron; en dos mil 624 casos la queja se declaró improcedente; en cuatro mil 538 casos las quejas fueron archivadas; mientras que en 66 mil 161 casos las quejas fueron orientadas a las instancias consideradas como pertinentes.
Otro dato a destacar es la escasa intervención de los organismos protectores de derechos humanos “abiertos por oficio”; en efecto, de los 97 mil 198 expedientes atendidos en todo el país, únicamente dos mil 418 se abrieron en la modalidad señalada; dato que contrasta con el número de feminicidios, denuncias por trata de personas, secuestro, tortura, desaparición forzada, en los cuales las leyes establecen la intervención oficiosa de estos organismos.
Las más numerosas
Según el Inegi, durante 2017 el mayor número de quejas presentadas fue debido a presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica y la libertad con 61 mil 729 casos; en segundo término, por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personales con 22 mil 291 casos; en tercer lugar, por el derecho a la protección de la salud con 12 mil 945 casos; en cuarto sitio, por violaciones a derechos civiles, con 11 mil 177 casos y; en quinto, por violaciones a derechos laborales y a la seguridad social con seis mil 574 casos.
