No son pocos los ex funcionarios, ex alcaldes y demás servidores públicos, que deben estar nerviosos por el rechazo de 110 cuentas públicas, principalmente el ex gobernador, Egidio Torre Cantú, quién podría acabar en el bote como su ex socio, Eugenio Hernández Flores.
A partir de ahora,-cómo se puso de moda, castigar la corrupción-, los involucrados tienen que pensar en aclarar irregularidades, contratar un buen abogado o ‘pelarse’ en el peor de los casos.
Es un secreto a voces que sobre algunos ex ediles había la certeza que les dejarían caer la guillotina con el rechazo de sus cuentas, sobre todo porque una treintena de ellos, traen ‘bailando’ 2 mil mdp.
Lo que es un hecho inédito es el rechazo a la Cuenta Pública correspondiente al último año del Gobierno de Egidio Torre Cantú, sin olvidar que desde inicio de año, existe una investigación tanto de la Auditoría Superior del Estado, como de la Contraloría estatal, porque no había solventado poco más de tres mil mdp, de 10 mil que inicialmente estaban en el aire.
Entre las anomalías detectadas sobresalen, facturas apócrifas, doble facturación, obras mal hechas, adquisiciones y contrataciones fuera de la norma.
También figuran los 250 mdp, que presuntamente se destinaron para la triangulación de fondos para financiar campañas del PRI, dentro de la operación conocida como ‘zafiro’, dónde involucran a otros dos ex gobernadores.
Además el presunto faltante de 1,300 mdp, en fondos del IPSSET, donde la hebra alcanza hasta el gobierno de Eugenio Hernández Flores.
Es indudable que los legisladores, se despacharon con la cuchara grande, al reprobar tantas cuentas públicas, por lo que habrá muchos influyentes del pasado que pasarán un amargo fin de año.
Sobre todo aquellos, que manejaron los recursos públicos, como si fueran personales y enseñaron el cobre, al exhibir de la noche a la mañana, sus injustificadas fortunas.
Y como botón de muestra figura la mansión que presuntamente pertenece al ex mandatario Egidio Torre Cantú ubicada en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León que tiene un costo – según denuncia pública – de 350 millones de pesos.
¿Cómo justificarla?, si en el último año de su gestión como gobernador ganaba mensualmente 33 mil 894 mil pesos de sueldo y 116 mil de compensación para hacer un total de 149 mil 849 pesos . Por lo que anualmente recibía, 1 millón 788 mil pesos.
Ni ahorrando su sueldo los seis años de su gobierno – podría reunir la cantidad que cuesta su palacete, porque sólo juntaría 10 millones 728 mil pesos.
Aún cuando pueda presumir sus ingresos adicionales por su actividad como constructor, se presume que en esos seis años. No debió hacer obra por no incurrir en conflicto de intereses.
Con la exhibida y abrupta riqueza que ostentó al terminar su gestión, Quién puede meter la manos al fuego por el ex gobernador para defenderlo?.
Así cómo él, hay varios ex funcionarios y ex ediles, a quienes a partir del sábado el Congreso, les espantó el sueño.
