Ciudad de México.- Indígenas, mujeres, ambientalistas, estudiantes, maestros, dirigentes sociales y políticos, integran la lista de presos políticos cuyos casos serán revisados por el actual gobierno.
continúan 368 casos en espera
Al día de hoy, han sido liberados 16 presos políticos y están bajo análisis, caso por caso, 368 expedientes.
Se busca que “no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que bajo su administración no se utilizará ninguna institución del estado para afectar a la disidencia y no se fabricarán delitos a opositores, como sucedía en el pasado.
“Que no se acuse a opositores, dirigentes sociales o ambientalistas y se les envíe a la cárcel; eso se terminó. Se está reparando el daño para que los inocentes salgan de la cárcel”, apuntó el primer mandatario.
Al resguardar la identidad de los liberados y de los casos bajo análisis, el Jefe del Ejecutivo señaló que “los casos más conocidos se están tratando; han acudido a nosotros y los estamos atendiendo”, ante la insistencia de medios sobre altos ex funcionarios detenidos, que también señalan ser víctimas de represalias.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que existen “rezagos importantes en la impartición de justicia y una privación prácticamente ilegal de la libertad”.
Muchos de los presos políticos estaban o permanecen “sin sentencia condenatoria ni absolutoria. Los jueces no tienen manera de condenarlos porque no hay evidencias ni elementos probatorios”, subrayó.
“No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”, secundó Sánchez Cordero al presidente López Obrador.
De hecho, precisó que “entre los casos en revisión hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla, gente humilde que no tuvo derechos a un defensor público y mujeres indígenas”.
Al señalar que la mesa para analizar los casos de presos políticos está integrada por fiscalías, personal penitenciario, abogados, organizaciones sociales y expertos, Sánchez Cordero resaltó que, ante el rezago en la impartición de justicia, “queremos que todas estas personas tengan respuesta por parte del Estado, queremos hacerlo con celeridad”, finalizó la titular de Gobernación.
