Lima.- Abandonado por los partidos políticos opositores que lo protegieron durante cinco meses, el controvertido fiscal general peruano Pedro Chávarry renunció el martes al máximo cargo del Ministerio Público luego de provocar protestas inéditas tras destituir a dos fiscales claves en la investigaciones contra líderes poderosos de la política local, involucrados en actos de corrupción de la firma Odebrecht.
Chávarry, quien ya había adelantado la víspera que lo haría, presentó su renuncia en una carta pública dirigida a otros cuatro fiscales supremos y enviada a la prensa.
Su paso como fiscal general de Perú estuvo cargado de controversia. Horas antes de su dimisión, la policía confirmó que tres de sus guardaespaldas extrajeron documentos de la oficina de uno de sus asesores que había sido intervenida por los investigadores de la constructora brasileña. Videos del edificio de la fiscalía difundidos el martes por la prensa mostraron que las escoltas rompieron los cerrojos de las puertas de la oficina investigada, un acto prohibido por la ley.
Chávarry negó haber ordenado el ingreso de sus escoltas. “No sé qué buscaba el señor”, dijo en una entrevista a la radio colombiana Blu, en referencia a uno de los guardaespaldas.
El colegio de abogados de Lima suspendió el domingo el título de abogado de Chávarry.
La investigación del equipo especial de fiscales peruanos del caso Odebrecht abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú, que repartía sobornos a cambio de contratos para obras públicas. Los casos más importantes son las investigaciones a la lideresa opositora Keiko Fujimori, presa de forma preventiva por 36 meses, y al expresidente Alan García, quien tiene prohibido salir del país por 18 meses.
Chávarry asumió el puesto de fiscal general en julio, y a su juramentación no asistió Vizcarra, quien en repetidas oportunidades pidió que se aparte del cargo. Poco después la fiscal Rocío Sánchez, del puerto de El Callao, señaló en un informe que Chávarry y otros dos fiscales supremos formaban parte de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, según la denominó la policía, torciendo la justicia para escalar en el sistema judicial o por dinero.
En el Congreso se acumularon cinco acusaciones constitucionales que buscaban retirarlo del puesto desde agosto, pero la protección que recibió del partido Fuerza Popular de Fujimori, y del partido Aprista Peruano, encabezado por García, impidieron los avances.
El lunes pasado, horas antes del Año Nuevo, Chávarry destituyó a dos fiscales claves que investigaban a políticos involucrados en la corrupción y lavado de dinero de Odebrecht, pero se desataron protestas masivas en todo Perú, por lo que se vio obligado a restituirlos en sus puestos dos días más tarde. Poco después perdió el apoyo de los partidos políticos que lo protegían, y fiscales de todo el país exigieron su renuncia.
Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que a García se le indaga por presuntamente recibir 100.000 dólares de un fondo usado para pagar coimas. El exmandatario intentó eludir la justicia al solicitar asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
