Ciudad de México.- El sistema penitenciario capitalino pidió nuevamente a jueces federales el traslado a penales de alta seguridad, de Roberto Moyado Esparza, líder del cártel de La Unión de Tepito, y cinco de sus cómplices, toda vez que representan alto riesgo social, e incertidumbre y miedo a víctimas de su organización criminal.
A 10 días de su regreso al Reclusorio Oriente, como resultado de un juicio de amparo, el grupo de extorsionadores que encabeza El Betito, se apoderaron nuevamente de calles del Centro Histórico que estaban autorizadas para ventas de fin de año, reyes y Día de la Candelaria, a diversas organizaciones de comerciantes.
Dichas calles son: Lecumberri entre Rodriguez Puebla y Circunvalación; Manuel Doblado entre Nacional y Berriozabal; Peña y Peña entre Manuel Doblado y Circunvalación, así como Rodríguez Puebla de Miguel Alemán a Joaquín Herrera.
Ambiente de miedo es el que priva en la zona centro, Polanco y Roma- Condesa al regreso del Betito; su hermano José López Maldonado; David García, El Pistache; así como Patrick Silva, El Patrick y Daniel Eduardo, El Tiger, principales operadores de hechos atroces como los cuerpos descuartizados que aparecieron en Tlatelolco.
“Nos enteramos que estos sujetos fueron trasladados a la ciudad de México y ya se respira un ambiente de miedo porque sabemos de lo que son capaces y más porque los cabecillas van a operar más cerca, aunque sea desde un Reclusorio.
“Lo más lamentable es que continúan con la invasión de las paredes de estas calles y su poder, en vez de disminuir se ha incrementado a tal manera que cobran hasta 15 mil pesos por metro cuadrado por temporada”, puntualizó.
Autoridades capitalinas consultadas al respecto, mencionaron que más que un error haber otorgado un amparo a los presuntos criminales, es una falta de compromiso social, apego y protección a la comunidad.
Sin embargo, en el Reclusorio Oriente las autoridades han implementado estrictas medidas de vigilancia, custodios de vista las 24 horas, videocámaras de seguridad, libro de gobierno y registro de visitas.
Los cinco imputados permanecen en sitios separados en el área de ingreso, sin posibilidad de comunicación entre ellos, a fin de extremar las medidas de seguridad para la población del citado penal, así como para el exterior.
Los comerciantes apelaron a la buenos oficios de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para entablar un mecanismo de defensa social y revertir los beneficios legales y la protección federal que permitió el regreso del líder de La Unión y sus cómplices.
