Caracas.- Con la urgencia de allanar el camino para convocar elecciones presidenciales cuanto antes sin vulnerar la constitución, la Asamblea Nacional encabezada por el líder opositor Juan Guaidó aprobó el martes la ley que regiría la “transición política” si llegara a concluir el gobierno de Nicolás Maduro.
La nueva norma, aprobada por la mayoría opositora, establece que las elecciones presidenciales se lleven a cabo tan pronto como las condiciones lo permitan en un plazo máximo de 12 meses después de la instalación del gobierno de transición y tras la designación de nuevos miembros de los otros poderes.
Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero argumentando que Maduro asumió su segundo mandato tras unos comicios ilegítimos. Maduro sostiene que fue elegido conforme a la ley y acusa a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la mayoría de los países latinoamericanos de orquestar un golpe de Estado.
Los legisladores opositores además plantearon la necesidad de que se instale un nuevo Consejo Nacional Electoral, actualmente integrado por cinco directores de los cuales cuatro son vistos por muchos venezolanos como parciales al gobierno.
El debate en la Asamblea Nacional se produjo un día después de que más de dos decenas de países de la Unión Europea, encabezados por Alemania, España, Francia y Gran Bretaña, apoyaran públicamente a Guaidó luego de que el domingo expirara el ultimátum dado a Maduro para convocar elecciones. Guaidó cuenta con el respaldo de otros países de esa región, incluidas naciones que no pertenecen a la Unión Europea como Kosovo, Macedonia, Islandia y Albania.
Maduro ha rechazado lo anterior y anunció en un comunicado que someterá a revisión las relaciones con esos países.
Desde Latinoamérica, la presión contra el gobierno venezolano tampoco cede. El martes por la tarde, el presidente colombiano Iván Duque destacó durante un encuentro con empresarios que las ventajas de tener elecciones en Venezuela no sólo beneficiarían a ese país, sino también al suyo.
“Si retornan la democracia y la esperanza a Venezuela, se abrirá un mercado de más de 7 mil millones de dólares que Colombia perdió por cuenta de los estragos de la tiranía”, aseguró.
Horas después, organizaciones políticas y sociales de centro-izquierda se movilizaron el martes a la embajada de Estados Unidos en la capital de Argentina para repudiar la injerencia de la diplomacia estadounidense en la región.
“Ninguna persona con dos dedos de frente puede creer que Donald Trump (el presidente estadounidense) está buscando una solución democrática” en Venezuela, dijo desde Buenos Aires Juan Grabois, líder del movimiento Frente Patria Grande, uno de los convocantes de la marcha.
“Si no hay reacción de los pueblos no la vamos a poder frenar”, advirtió.
Argentina, que bajo la gestión anterior de Cristina Fernández (2007-2015) fue un incondicional aliado del gobierno de Maduro, fue uno de los primeros países latinoamericanos en reconocer a Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Desde que asumió en 2015, el conservador Macri apoyó todas las iniciativas de la oposición venezolana y trabajó codo a codo con sus aliados del llamado Grupo Lima para impulsar la salida de Maduro del poder.
En Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo recibió por separado la tarde del martes al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y al brasileño Ernesto Araújo, quienes habían asistido a la reunión que el Grupo de Lima celebró la víspera en la capital canadiense.
Al conversar con reporteros, Trujillo descartó que la ayuda humanitaria implique el despliegue de tropas colombianas y Araújo respondió tajantemente que “no está en consideración” al preguntarle por la posibilidad de una opción militar ante la crisis venezolana.
La Asamblea Nacional también discutió el ingreso de ayuda humanitaria al país.
El Legislativo se prepara para recibir los primeros envíos de ayuda que entrarán por la ciudad colombiana de Cúcuta y por la frontera con Brasil ante el rechazo de Maduro y del Tribunal Supremo de Justica. El máximo tribunal, controlado por el gobierno, declaró que la iniciativa de los legisladores opositores de admitir ayuda internacional va contra las leyes y la constitución.
Los primeros envíos entrarán por la ciudad colombiana de Cúcuta y por la frontera con Brasil a pesar del rechazo de Maduro y del Tribunal Supremo de Justica, organismo que alega que admitir ayuda internacional va contra la constitución.
