Un juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Sur sujetó a proceso de extradición al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, acusado por Estados Unidos de los delitos de fraude bancario y lavado de dinero.
Este miércoles se realizó una audiencia informativa donde la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó dicho proceso de extradición.
En tanto el ex funcionario público quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur mientras se lleva a cabo el proceso. En punto de las 11 de la mañana, Torres López salió por la puerta del juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales donde sus abogados lo esperaban. Vestía camisa polo blanca, bermudas grises y portaba un armazón de pasta negra con aumento para vista cansada.
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna otorgó un receso de 20 minutos para que la defensa legal conociera el caso y se entrevistara con su cliente.
Posteriormente, tanto la fiscalía como el abogado del ex mandatario solicitaron que la audiencia fuera privada pues las autoridades estadunidenses pidieron que no se dieran a conocer mayores detalles de la extradición debido a la delicadeza de la información.
La detención provisional es una medida precautoria a fin de evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, la cual queda superada con la petición formal de extradición que debe calificar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tras cuatro años de estar prófugo de la justicia estadunidense, Jorge Torres López fue detenido ayer por la FGR en un centro comercial de Puerto Vallarta, Jalisco. Fue ubicado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición.
Según la acusación formal, la DEA detectó movimientos bancarios del inculpado en Texas desde 2008, para luego hacer transferencias a Islas Bermudas por 2.7 millones de dólares.
Desde diciembre de 2013, Torres López, quien tomó el lugar de Humberto Moreira en enero de 2011 cuando éste renunció para buscar la dirigencia nacional del PRI, fue colocado en la lista de los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
