Washington.- Una jueza federal estadounidense ordenó el martes que Roger Stone comparezca en la corte para considerar la renovación de su fianza luego que el confidente del presidente Donald Trump colocó en Instagram una foto de la jueza con lo que parecía ser la mira de un fusil.
La jueza federal Amy Berman Jackson dijo que Stone, ex asesor de la campaña de Trump, deberá comparecer en una audiencia el jueves por la tarde y probar por qué ella no debe modificar o anular su fianza o implementar una orden de secreto de sumario en la causa.
El lunes, Stone colocó una foto de Jackson con lo que pareció ser una mira junto a su cabeza. Más tarde, Stone y sus abogados presentaron un documento en la corte en el que reconocieron que “la foto y el comentario hoy fueron inapropiados y no debieron ser colocados”.
Stone dijo que la foto fue “malinterpretada” y que fue una “foto tomada al azar de la internet”. Rechazó como “categóricamente falsa” cualquier noción de que él hubiese estado tratando de intimidar a la jueza.
El veterano operador político se ha declarado inocente de cargos de que le mintió al Congreso, manipuló testimonio y obstruyó una investigación congresional sobre posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump del 2016.
Los cargos se derivan de conversaciones que tuvo Stone durante las elecciones del 2016 sobre WikiLeaks, el grupo que publicó material robado de organizaciones demócratas, incluyendo de la campaña de Hillary Clinton.
Stone fue arrestado el mes pasado y es el sexto colaborador de Trump acusado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Está actualmente en libertad bajo una fianza de 250.000 dólares.
La semana pasada, Jackson emitió una orden mordaza limitada que prohíbe que Stone hable de su caso cerca de la corte y generalmente prohíbe que sus abogados, los fiscales y testigos hagan comentarios públicos que pudieran “representar una probabilidad substancial” de predisponer a jurados potenciales. Pero la orden no prohibió que Stone hiciese otros comentarios públicos sobre la fiscalía o la causa. Los abogados de la defensa dicen que imponer límites a sus comentarios públicos infringiría en su derecho constitucional de libre expresión.
