Santiago de Chile.- El excomandante en jefe del Ejército chileno, Juan Miguel Fuente-Alba, fue procesado el martes por el delito reiterado de malversación de fondos públicos por 3.500 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares), convirtiéndose en el tercer jefe institucional procesado o investigado por causas de derechos humanos o mal uso de dineros fiscales.
La decisión fue adoptada por la jueza Romy Rutherford, quien indaga un millonario fraude al interior del Ejército, luego de mantenerlo detenido cinco días en un recinto militar y de interrogarlo largamente en tres ocasiones, informó un comunicado del Poder Judicial.
Fuente-Alba habría defraudado dineros públicos al utilizar gastos reservados del Ejército mientras era comandante en jefe institucional entre 2010 y 2014. La jueza también investiga un presunto enriquecimiento ilícito del militar. Parte de la malversación se habría producido mientras desempeñaba comisiones de servicio en los que se abultaba el precio de pasajes aéreos: la diferencia entre el precio real y el ficticio era usada para comprar los pasajes de su esposa y comitiva, señala la resolución.
El abogado de Fuente-Alba niega cualquier mal uso de dineros fiscales y enriquecimiento ilícito por parte de su cliente.
Fuente-Alba quedará en prisión preventiva en el mismo regimiento donde está detenido desde el jueves pasado, en cuyo interior funciona el Batallón de Policía Militar, hasta que su defensa apele. Podría beneficiarse con libertad vigilada si el recurso de su abogado fuera acogido por la Corte de Apelaciones.
Su sucesor en el cargo de jefe del ejército entre 2014-2018, el general retirado Humberto Oviedo, también es investigado por Rutherford por una supuesta utilización de dineros públicos para adquirir pasajes para viajar a Europa.
Un tercer exjefe del ejército, Juan Emilio Cheyre, 2002-2006, enfrenta una condena de tres años de libertad vigilada por encubrir el asesinato de 15 prisioneros políticos ejecutados en 1973 por un grupo de militares enviados al norte y sur del país para acelerar juicios a disidentes tras el golpe de Estado de 1973, y es investigado por supuestamente aplicar torturas a prisioneros en la misma época.
