Ciudad de México.- Standard and Poor’s (S&P) decidió ayer mover de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por varias de las principales empresas y entidades financieras del país, para adecuarla al cambio que, en el mismo sentido, hizo el viernes pasado respecto de los pasivos del gobierno mexicano.
Las empresas afectadas por el cambio fueron: Comisión Federal de Electricidad, América Móvil, operadora de Teléfonos de México y Telcel, así como una de las principales empleadoras del país; Coca-Cola Femsa, la mayor embotelladora en México, y la cadena de tiendas Liverpool.
La calificadora también modificó a negativa la perspectiva de la deuda emitida por 77 entidades bancarias y siete aseguradoras, entre ellas todos los bancos de desarrollo (Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco del Ejército y Fuerza Aérea y Bansefi, entre otros), así como de instituciones privadas, como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa y Scotiabank.
Un cambio de perspectiva de la deuda significa que, en una próxima revisión, existe una alta probabilidad de que ocurra una baja en la calificación, lo que, de ocurrir, encarece el costo que pagan el gobierno o las empresas para financiar la deuda ya contratada y de las nuevas emisiones. El mayor costo reduce los recursos disponibles para inversión o, en algunos casos, se traslada a los consumidores.
La decisión de S&P respecto de las empresas y bancos es resultado de que, el viernes pasado, pasó a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, al identificar riesgos de desequilibrio fiscal y menor crecimiento por el incremento de la deuda en Petróleos Mexicanos y la caída en la inversión por parte de esa empresa, cuyos pasivos están avalados por el Estado.
Existe un riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras locales, afirmó ayer la calificadora.
Las acciones de calificación sobre las 77 instituciones financieras mexicanas reflejan el potencial deterioro de la calidad crediticia del país y el posible contagio a la industria bancaria local en forma de un mayor riesgo económico, aseguró.
