Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer, con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, un memorando dirigido a las secretarías de Gobernación (SG), Educación Pública (SEP) y Hacienda y Crédito Publico (SHCP), que obliga a las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas a dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa, aprobada en el sexenio pasado.
Sin embargo, como excepción, el documento hace explícito que el manejo de la nómina será competencia de la SHCP, “lo cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción”. Asimismo, las plazas serán administradas por la SEP, lo que evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.
Aunque el documento va dirigido a Olga Sánchez Cordero, en su calidad de titular de la SG; a Esteban Moctezuma, de la SEP, y a Carlos Urzúa, de la SHCP, el Presidente aprovechó en la última parte del memorando para demandar al magisterio retomar el diálogo sobre las adecuaciones en la legislación en materia educativa.
“Aprovecho la expedición del presente memorando para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.
Horas antes, el mandatario se había dirigido en otros términos a quienes no han aceptado su propuesta de reforma, subrayando que son tiempos en los cuales ya no hay cabida para los rebeldes sin causa o para la intransigencia o el extremismo.
Recomendación fraterna
Todo ello para anunciar a los dirigentes magisteriales que si bien tienen su derecho garantizado a la libre manifestación, les daba una recomendación fraterna, respetuosa: no hay que hacer el ridículo, no menospreciar a la gente. Ya les he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se puede manipular al pueblo. No.
Ayer López Obrador aludió en tres momentos a la reforma educativa: la conferencia de prensa matutina; mediante un mensaje de Twitter en el que a través de un video anunciaba la firma del memorando, y en el documento.
En el memorando, el jefe del Ejecutivo federal parte de un apretado diagnóstico de la coyuntura educativa: Como es de público conocimiento, las reformas estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.
Tras reconocer que los intentos por revertirla no han generado un acuerdo en el Congreso, López Obrador aseveró que en tanto se alcanzan los consensos con el magisterio y los padres de familia sobre los cambios constitucionales y legales que sustituyan a los que se aprobaron en la pasada administración, firmó un memorando que contiene los lineamientos que prevalecerán en este periodo.
El escrito detalla las obligaciones de cada dependencia que se desprenden de la instrucción presidencial: la SG realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad, a la brevedad posible, a los maestros que participaron en las movilizaciones magisteriales en contra de la reforma educativa, así como por haber formado parte de otras causas justas, retirando al mismo tiempo las acusaciones legales en contra de otros activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental o agrario.
Esto incluirá gestionar indemnizaciones a los familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.
La SEP deberá reinstalar a los educadores cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.
