Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las políticas en mi gobierno no han cambiado, vamos a recuperar los bienes que son los Tamaulipecos, insistió hoy el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al hablar sobre el proceso que inició su gobierno en Estados Unidos en el caso del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.
El ex gobernador Tomás Yarrington, adquirió en Brownsville, Texas tres lotes con un valor de 1.2 mdd a través de su prestanombres, asegura el Estado.
En una breve entrevista, el mandatario dijo que independiente en donde se encuentren propiedades que fueron adquiridas con recursos públicos, el Estado buscará recuperarlas.
“Esta esta es una política que ha implementado mi gobierno, no estamos cambiando las políticas que implementamos desde el inicio de esta administración, recuperar todo aquello que es de los Tamaulipecos”.
Confirmó que sin gobierno inició un proceso para recuperar una propiedad con un valor de 1.2 millones de dólares y donde se asegura que se compró con recursos públicos del gobierno del Estado en el sexenio del entonces gobernador Tomás Yarrington quien está preso en los Estados Unidos desde abril del 2018. En 2017 el ex gobernador fue detenido en Italia.
La propiedad consta de tres lotes, ubicada en Brownsville, Texas.
De acuerdo a la información que dio a conocer el Gobierno del Estado a través de un comunicado, en la demanda, se establece que la propiedad fue comprada a nombre de la esposa de Fernando Alejandro Cano Martínez, actualmente prófugo de la ley en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yarrington Ruvalcaba, detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.
Debido a ello, el Gobierno de Tamaulipas está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del Gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal.
Las firmas de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, con sede en New York, New York; Hance Scarborough, LLP, ubicada en Austin, Texas, y Ray Thomas Law Group, con oficinas en McAllen, Texas, representan al Gobierno de Tamaulipas en este caso.
