Los Ángeles.- En una oficina no muy lejos del centro de Los Ángeles, Esperanza Guevara se prepara para buscar gente que probablemente no quiera ser encontrada. Y su trabajo podría tornarse más difícil todavía.
Esta activista a favor de los derechos de los inmigrantes encabeza una iniciativa que busca convencer a decenas de miles de personas que están en el país sin permiso de residencia de que participen en el censo del 2020, un conteo de la población que se lleva a cabo cada diez años.
El gobierno de Donald Trump quiere preguntar a la gente si es ciudadana de Estados Unidos y esto ha causado profunda inquietud en las comunidades de inmigrantes. Guevara y otros temen que esa pregunta haga que muchos extranjeros se abstengan de participar en el censo. Y hay quienes creen que millones de personas no serán tomadas en cuenta.
El temor es mayor sobre todo en estados de tendencia demócrata con grandes comunidades de inmigrantes. Un recuento inexacto tiene consecuencias graves, dado que miles de millones de dólares del gobierno federal y las bancas en el Congreso son distribuidos en base a la población de cada estado.
En las comunidades de inmigrantes, a menuda recelosas del gobierno, la pregunta sobre la ciudadanía puede hacer que la gente “no llene el formulario del censo y ni siquiera responda cuando le golpean la puerta”, expresó Guevara, quien trabaja para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
Esa inquietud se vio acentuada por la retórica de Trump hacia los inmigrantes y por el temor de que la información del censo pueda ser usada para pillar y deportar gente.
“Lo primero que piensan es ‘¿usarán esta información en mi contra?’”, comentó Guevara.
El director de la Oficina del Censo Ron Jarmin dijo que esa dependencia tiene prohibido por ley compartir su información con los organismos policiales. “Garantizamos que la información que reunimos está siempre protegida”, aseguró.
El gobierno incluyó la pregunta de la ciudadanía en el censo y el tema llegó a los tribunales. Está actualmente en la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora parece dispuesta a permitir esa pregunta.
El gobierno dice que está facultado para incluir la pregunta, que no viola la constitución, ya que fue incorporada en el pasado –la última vez en 1950– y figura en otros estudios anuales más pequeños sobre la población.
El Instituto de Políticas Públicas de California dijo que se corre el peligro de no contabilizar a 1,6 millones de personas, el 4% de la población de ese estado. Y que eso puede costarle a California 53 bancas en la Cámara de Representantes.
Por ello California y otros estados están invirtiendo millones de dólares en campañas para convencer a los residentes, con permiso de residencia y sin él, de que participen en el censo. Emplean mensajes, cartas, visitas a las casas de la gente y otros medios.
“Los estados hacen esto porque puede que no se haga un conteo justo y exacto”, comentó Vanita Gupta, presidenta y directora general de la Conferencia sobre Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos.
La cámara baja de Colorado aprobó hace poco una partida de 12 millones de dólares para alentar la participación en el censo. Los gobernadores de Kansas y Nevada están creando comisiones encargadas de alentar la participación.
En Nuevo México, donde el estado lanzó una iniciativa de varios millones de dólares para asegurar un buen conteo, la gobernadora Michelle Luján Grishman advirtió que si no se cuenta un 1% de la población, el estado podría dejar de recibir más de 700 millones de dólares del gobierno federal en la próxima década.
Tal vez ningún estado corra más riesgos que California, donde no hay ningún grupo racial o étnico mayoritario y hay más hispanos que blancos. Más de una cuarta parte de sus residentes nacieron en el exterior.
Casi tres de cada cuatro californianos pertenecen a grupos que el censo tradicionalmente no cuenta bien, incluidos hispanos, negros, gente que alquila viviendas, inmigrantes, niños y miembros de varias familias que comparten una casa. El estado tiene asimismo un promedio de pobreza más alto que el promedio y es sabido que resulta particularmente difícil contar a los pobres, sobre todo los sin techo.
En el censo habrá un amplio uso de la internet y mucha gente no tiene acceso a esa herramienta y podría quedar afuera.
El estado tiene presupuestados 100 millones de dólares para campañas para alentar la participación y esa cifra podría aumentar a 150 millones en los próximos meses. La mayoría de los fondos será empleada en la contratación de personal y en publicidad. Se exhortará a participar en el centro incluso en los billetes de la lotería.
“La pregunta sobre la ciudadanía tiene un fin: No contabilizar en su totalidad nuestras diversas comunidades”, sostuvo el gobernador demócrata Gavin Newsom. “Nuestro estado no será intimidado por las medidas de la Casa Blanca y vamos a pelear por un conteo justo”.
La Oficina del Censo planea contratar entre 450.000 y 475.000 personas para que participen en la consulta. La mayoría de ellas golpearán las puertas de la gente que no ha participado en el censo.
