El excomandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, resultó herido en la cárcel de máxima seguridad donde espera de su liberación tras ser rechazado un pedido de extradición a Estados Unidos.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo a la cadena local Caracol que “en este momento con la información que nos ha dado la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, entiendo que tiene unas heridas menores. La causa no la conocemos, pero está siendo atendido al interior del centro penitenciario”.
Pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó en un comunicado que Santrich “se autolesionó levemente sus brazos”, se le prestó ayuda médica en la cárcel y “se encuentra bien de salud y estable”.
El excomandante de las FARC debería haber salido de la prisión La Picota, al sur de Bogotá, hace dos días luego de que un tribunal especial rechazó su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico.
Santrich fue detenido en Bogotá en abril de 2018 luego de que un tribunal de Nueva York emitió una orden de captura en su contra. Según las autoridades estadounidenses el excomandante guerrillero planificó el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país a fines de 2017 con un emisario del Cartel de Sinaloa. Los supuestos planes para enviar la cocaína se habrían realizado después de que Santrich y las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano que puso fin a cinco décadas de conflicto armado interno.
Las acusaciones fueron negadas rotundamente por Santrich y sus aliados, quienes describieron el caso como un “montaje” organizado por quienes desean desbaratar el acuerdo de paz.
El miércoles la Justicia Especial para la Paz (JEP), el organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos por los actores del conflicto armado en Colombia, determinó que no había suficiente evidencia para aprobar la extradición de Santrich en una resolución de más de 100 páginas y ordenó su liberación.
Carlos Antonio Lozada, exintegrante de las FARC que se encontraba afuera de La Picota, dijo en una entrevista con The Associated Press que “estamos esperando que nos dejen entrar para verlo y verificar qué fue lo sucedió. Hace unos momentos un juez ratificó la salida de prisión que ordenó la JEP el miércoles pasado”.
Añadió que “no entendemos por qué motivos a Santrich no lo han dejado libre. El director de La Picota no ha dado la cara, ni siquiera a los abogados de Santrich. Esperamos que en las próximas horas salga porque esto se ha dilatado mucho”.
El procurador Carrillo adelantó que la Procuraduría Nacional apelará la decisión de la JEP, en tanto el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunció horas después alegando que ese tribunal había adoptado una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por la fiscalía. “Las pruebas son concluyentes, inequívocas, los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016”.
El presidente Iván Duque condenó el fallo y dijo que su gobierno respaldaría la apelación de la Procuraduría Nacional.
“Como presidente de la república he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico”, afirmó el mandatario.
Las FARC firmaron la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) en diciembre de 2016 luego de cinco años de diálogos en Cuba. Como parte de ese pacto la guerrilla -ahora devenida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – logró diez bancas en el Congreso: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
El acuerdo de paz garantiza penas no carcelarias para los comandantes guerrilleros que cumplan con los procesos de verdad y reparación de las víctimas. Sin embargo, los crímenes cometidos después de la firma del acuerdo deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, desde la firma del acuerdo hay más de 1.700 disidentes de las FARC en todo el país.
El conflicto en Colombia entre rebeldes izquierdistas, paramilitares y el Estado dejó al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.
