Ciudad de México.- El país destina 239 mil 317 millones de pesos al área de seguridad pública, lo que representa 1.0% del PIB, reveló un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Cuestionado sobre los recortes presupuestales que lleva el gobierno federal, como el de 86% frente a lo aprobado en rubros como búsqueda de personas desaparecidas, explicó que “los recortes se hacen sin ningún tipo de racionalidad. El monto para prevenir delitos este año ya es 30% menor que el ejercido en 2018, sin ninguna evidencia de que la incidencia delictiva en el país bajara. Ese recorte, en un tema sensible como la búsqueda de personas desaparecidas, nos da un panorama más lamentable en el gasto, y seguramente no se hizo bajo evidencia de algún indicador”.
Alejandra Macías, investigadora del CIEP, expresó que el gasto en seguridad es tan bajo que “destinamos a esta función 40% de lo que gastamos en salud, que de por sí es muy bajo y representa 25% del gasto en pensiones”.
Por componentes del gasto en seguridad, el estudio del CIEP y el ONC arrojaron que, en la prevención del delito, la caída presupuestal para este año fue de 27.3% real frente a 2018; en combate al crimen fue 10% real; en el rubro justicia la reducción presupuestal fue de 13.4%, y en el agregado de seguridad pública el retroceso fue de 14.3 por ciento.
Más recursos
Héctor Villarreal, director del CIEP, explicó que el país necesitará discutir, en la reforma fiscal que proponga el presidente López Obrador, la necesidad de ampliar el gasto en seguridad para llevarlo cuando menos a 2-2.5% del PIB.
Consideró importante replantear la coordinación con las entidades federativas, pues necesitan fortalecer su recaudación para poder gastar más en seguridad, razón por la cual deben entrarle en serio a temas como el impuesto predial o la tenencia vehicular.
Rivas agregó que tener más recursos es importante porque la carga de trabajo de los sistemas locales de seguridad suele ser más alta que la federal.
“Manejan 350-450 carpetas por investigador y llevan todos los delitos del fuero común, que afectan a la mayoría de la población como robo de todo tipo, homicidios, secuestros. Muchos policías y funcionarios están mal pagados y tienen jornadas extenuantes de trabajo. Ampliar el gasto y mejorar la calidad de la seguridad a nivel local es impostergable”, agregó Rivas.
