Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores y coordinador del plan migratorio, Marcelo Ebrard, sostuvo que se han iniciado acciones legales en el caso de 785 migrantes centroamericanos que iban en cuatro tráilers con riesgo para sus vidas y que fueron rescatados la semana pasada en Veracruz.
En la conferencia presidencial, Ebrard dijo que esos migrantes, entre ellos 159 menores, pudieron haberse asfixiado, pues viajaban dentro de cajas cerradas y señaló que las ganancias obtenidas por este movimiento ilegal de indocumentados puede llegar a 69 millones de pesos.
Indicó que ya se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la fiscalía estatal, las cuales investigan y deslindarán responsabilidades.
Ebrard subrayó que con la detención de los cuatro conductores se iniciará la indagatoria también de los propietarios de las unidades. Advirtió que en un caso similar puede llegarse a la extinción de dominio y recordó que la ley hace responsables a los dueños de la licitud de la carga.
Explicó que por las dimensiones del traslado y los días que llevaba la operación, era difícil entender que los propietarios de los tráilers no estuvieran enterados o en su caso no hubieran denunciado la desaparición de sus unidades.
Ebrard dijo que mediante labores de inteligencia se están detectando esquemas de tráfico y trata de personas, que en su momento, cuando los avances lo permitan, se darán a conocer.
El canciller informó sobre el avance en la ejecución del plan migratorio. Dijo que el fin de semana se completó el personal que faltaba en el Instituto Nacional de Migración (INM), que se desplegó en el sureste.
Agregó que esta semana quedará concluido el despliegue de la Guardia Nacional en el sureste con el apoyo del Ejército y la Marina.
Asimismo, mencionó que se integró ya la brigada de la Secretaria del Bienestar para ejecutar el programa Sembrando Vida.
El subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, concluyó el recorrido por la frontera norte y se estima que esta semana comenzarán los apoyos para las personas que se encuentran en las ciudades fronterizas a la espera de audiencias o trámites sobre sus peticiones de asilo a Estados Unidos.
