Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, decidió rechazar la solicitud de libertad provisional bajo fianza para el magnate del sector metalúrgico mexicano Alonso Ancira, detenido el pasado 28 de mayo en la ciudad de Palma de Mallorca y sólo tres días después de que la autoridades mexicanas decidieron congelar sus cuentas bancarias por un presunto caso de corrupción.
El presidente ejecutivo de Altos Hornos de México (AHMSA) está imputado en la compra-venta a un precio diez veces superior a su valor de la empresa Agro Nitrogenados, que compró Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando la dirigía Emilio Lozoya, en paradero desconocido y con una orden internacional de búsqueda y captura en su contra.
El juez Pedraz asumió el caso contra el empresario mexicano gracias a que el día siguiente de su detención, cuando tenía que comparecer ante la justicia, se encontraba de guardia en la sede judicial.
Al tratarse de un asunto de carácter internacional y en el que se investigan delitos como blanqueo de capitales, lavado de dinero y corrupción, correspondía a la Audiencia Nacional absorber el caso. La primera declaración de Ancira se hizo a través de video-conferencia en la que, según su abogado, dijo que era víctima de una “vendetta” política por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Aquel día el magistrado decidió su traslado a prisión sin derecho a fianza y abrió la puerta al inicio de un proceso de extradición, una vez que el empresario mexicano se negó a ser entregado voluntariamente a las autoridades mexicanas para responder por los delitos que se le imputan.
El abogado de Ancira, el prestigioso penalista Ismael Oliver, presentó una petición formal para la liberación del detenido con medidas cautelares, que es precisamente la que ahora rechazó el juez Pedraz.
El abogado del empresario argumentó que su cliente sufre diabetes, tiene 67 años y tiene que ingerir varias medicaciones diarias para subsistir. Asimismo negó que hubiera riesgo de fuga, a pesar de que fue detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando intentaba viajar rumbo a Canadá.
La justicia española iniciará el proceso de extradición cuando las autoridades mexicanas presenten la documentación y la petición formal.
