Caracas.- La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a una exfiscal general, un exalcalde y tres diputados opositores por supuesto ocultamiento de información de sus patrimonios por lo que no podrán ocupar cargos públicos por 15 años.
En medio de la escalada entre el gobierno y la oposición, el contralor general Elvis Amoroso anunció el jueves, en una transmisión de la televisora estatal, que la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y los diputados opositores Julio Borges, Tomás Guanipa y Germán Ferrer quedaron inhabilitados por “ocultamiento y falseamiento de información en la presentación de declaraciones juradas de patrimonio”.
Amoroso, militante del partido de gobierno, declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, sobre la designación de los directivos de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. y su filial estadounidense Citgo. En febrero el Tribunal Supremo de Justicia había congelado los activos y prohibió la salida del país de todos los nuevos directivos, quienes se encuentran fuera de Venezuela desde hace varios años.
Asimismo, el contralor inhabilitó a los directivos a ocupar cargos públicos por 15 años.
A pesar de las medidas de las autoridades algunos de los funcionarios nombrados por la mayoría opositora del Congreso han comenzado a ejercer funciones en el exterior, especialmente en el caso de Citgo que resultó afectada por las sanciones aplicadas por Washington contra los activos de PDVSA.
Durante los últimos cuatro años el Tribunal Supremo ha anulado las leyes, acuerdos y nombramientos hechos por la Asamblea Nacional como parte del enfrentamiento entre los poderes públicos.
Ortega Díaz, una disidente del oficialismo, huyó de Venezuela en 2017 junto a su esposo, el diputado Ferrer, luego de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente la destituyó de su cargo. La ex fiscal, que reside en Colombia, ha impulsado en los últimos años procesos judiciales en el exterior contra el presidente Nicolás Maduro al que ha señalado de incurrir en violaciones de derechos humanos y corrupción.
Borges, Ferrer y Guanipa, quienes también se encuentran fuera del país, fueron inhabilitados por la Constituyente y se les abrieron procesos judiciales.
Ledezma fue detenido en febrero de 2015 señalado de participar en una conspiración contra el gobierno de Maduro y dos años después, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, huyó del país en un confuso incidente.
La decisión de la Contraloría General, que es controlada por el gobierno, se dio tres días después de que la Constituyente retiró la inmunidad a los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García Canales y Guanipa y aprobó someterlos a un proceso judicial como lo había solicitado el Tribunal Supremo de Justicia.
El máximo tribunal, también controlado por el gobierno, decidió procesar a los cuatro diputados por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública”.
En los últimos tres meses han sido inhabilitados y sometidos a procesos judiciales 18 diputados opositores.
