Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la aplicación de “El Operativo Mochila Segura” (“El Operativo”), es una violación a los derechos humanos de los alumnos y decidió emitir una recomendación a la Secretaría de Educación Pública para que reconsidere esta acción porque es “una política criminalizante contra la niñez mexicana” y en entidades como Tamaulipas.
En la recomendación que emitió la CNDH, señala que durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica, por lo cual dirigió la Recomendación 48/2019 al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “El Operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, este Organismo Constitucional Autónomo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, transgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Advierte que “El Operativo” no cuenta con un Protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
Aunque se tienen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación, ante lo cual esta Comisión Nacional considera que, ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito.
Además, la Comisión Nacional reitera que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar.
