Ciudad de México.- Los Consejeros de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, interpondrán un amparo ante la omisión del Estado para dotar de herramientas humanas, financieras y tecnológicas a los nueve integrantes de este Consejo.
Interpondrán un amparo para lograr que el estado cumpla la ley y deje la simulación en el trabajo de la Búsqueda de personas desaparecidas.
Geovanny Barrios Moreno, uno de los integrantes del Consejo Ciudadano, señaló que existe un trato irregular y violatorio a la Ley, porque que aunado a no sesionar de forma correcta, se asfixia financieramente a los Consejeros siendo que en la Ley de Desaparición forzada de personas obliga al gobierno a dar las herramientas necesarias.
Señala que ninguno de los 9 Consejeros percibe un salario pero sí se debe ayudar para el traslado de al menos 4 Consejeros de Reynosa y 2 de Tampico porque el resto es de Victoria.
Expuso que entregaron un oficio a la Secretaría General de Gobierno pero fue omisa y decidió transferir el oficio a la Fiscalía y esta última instancia al área de administración y está estancada.
“No es posible que los Consejeros
-4 son de Reynosa-, -2 de Tampico- no les apoyan porque además son personas que tienen a sus familiares desaparecidos”.
“No vamos hacer parte de la simulación y vamos buscar que el Estado escuche y no esté simulando un trabajo que no está haciendo”.
Geovanny Barrios Moreno, informó que ya hubo tres reuniones de “forma ilegal” y solo acudieron los de Victoria, pero no pudieron sacar acuerdos por que no estaba la mayoría.
Junto con Barrios, el resto de los Consejeros de la Comisión rindieron protesta el 24 de abril de este año y el estado tenía un mes para convocar y tomar la decisión quién iba presidir el Consejo y después de esto, la segunda reunión debió haber sido el reglamento sobre la búsqueda de personas lo cual no sea hecho.
“Todo lo que derive de esas reuniones han sido ilegales, porque no sea cumplido con lo que dice la Ley de desaparición forzada de personas”.
Hizo un llamado al gobernador, para que tome cartas en el asunto y dar indicaciones a las personas necesarias para que se lleve a cabo la labor del Consejo, quienes tienen carácter honorífico en la Comisión. El amparo sería ante un juez de distrito.
“Ahora vamos ha solicitar a un juez federal que nos diga si el estado a cumplido o no de forma correcta o violentado los derechos hacia el Consejero. El amparo sería contra la omisión que hizo el estado porque está obligado por ley a dar el apoyo con recursos humanos, tecnológicos y financieros para que esto funcione”.
Añade: “Hay un articulado en una de las cláusulas de que los consejeros, no tendrán salarios pero el estado está obligado a brindar todas las herramientas económicas y humanas para poder llevar a cabo su trabajo”.
Con lo, dijo, se busca que la Secretaría General de Gobierno a cargo de César Verástegui, ya no ponga trabas para poder hacer las asignaciones necesarias a los Consejeros.
