Ciudad de México.- Casi 792 mil 619 millones de pesos tendría que contener el Presupuesto 2020 para financiar servicios de salud a 75 millones 700 mil mexicanos, entre los que se cuentan afiliados al Seguro Popular e IMSS-Prospera y aquellos sin afiliación a ningún organismo, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este monto sería superior a lo que gasta anualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social en todos los servicios que brinda (salud, pensiones, riesgos de trabajo, guarderías, entre otros), que asciende actualmente a 746 mil 738 millones de pesos.
Judith Méndez, investigadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, explicó en entrevista con Excélsior que este costo representa 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en un escenario tal como lo plantea la iniciativa de ley, que busca afiliar a toda la población abierta de manera gratuita y sin restricción de atención de padecimientos, de acuerdo con perfil demográfico y epidemiológico del país.
Comentó que esta cifra no considera gastos adicionales inherentes a la ampliación de los servicios de salud, tales como la infraestructura y equipamiento de hospitales, ni la basificación del personal, que representaría 18 mil millones de pesos anuales.
Por esta razón, Judith Méndez se pronunció en favor de una implementación gradual del Insabi a nivel de afiliados, de regiones y de tipo de tratamientos que cubriría el nuevo organismo, y que tenga en cuenta la experiencia ganada en la implementación del Seguro Popular.
DUALIDAD
Méndez añadió que otro reto que trae consigo la creación del Insabi es que no resuelve el histórico problema de la fragmentación del sistema de seguridad social en México, en la cual se cubre a la población que tiene un empleo formal con un esquema (IMSS-ISSSTE), y al resto de la población se le resuelve el problema con otro esquema.
Seguirá este problema de incentivos de: yo soy formal, pago cuota y tengo todos los servicios de salud, y va a haber este otro instituto donde las personas no pagarán ninguna cuota y también tendrán los mismos servicios. Incluso, se prohibirá que los trabajadores del Insabi puedan atenderse ahí, sino que tendrán que usar el IMSS o el ISSSTE”, comentó Méndez.
Añadió que es un error que el Insabi no contemple cobrar ningún tipo de cuotas a la población, como lo hacía el Seguro Popular, que tenía tarifas para las personas de alto ingreso. “La no cuota tendría que aplicar sólo para quien no pueda pagar. El tema de fondo no es cobrar una tarifa a todos los afiliados del Insabi, sino que se tenga claro una fuente de financiamiento para cada uno. ¿Cuánto aportarán los estados, la Federación, usuarios? Hay que enseñar a la sociedad que la salud no es gratis, que cuesta, y por ello si va a ser vía presupuesto público, toca sacrificar otras partidas de gasto, o bien, que se financie con el doloroso aumento de impuestos”.
Dado lo anterior, Judith Méndez afirmó que otro reto de la reforma será prever qué pasará con los servicios de salud si algún estado no quiera suscribir el convenio con la Federación, ya que esto no está contemplado en la iniciativa de ley.
