Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas buscará derogar la fracción VI del artículo 18 de la Constitución Política de Tamaulipas, para no permitir que los habitantes en el Estado, se puedan “armar” en defensa de su pueblo.
Se busca que ningún grupo de ciudadano y de los llamados “autodefensas”, tengan un argumento legal para estar vigentes en Tamaulipas.
Con esta acción legislativa, propuesta por el Diputado Humberto Rangel Vallejo, se busca que ningún grupo de ciudadano y de los llamados “autodefensas”, tengan un argumento legal para estar vigentes en Tamaulipas.
Señala que, el único responsable de la seguridad y reacción inmediata en materia de seguridad es el Estado o la federación según sea el caso.
Actualmente la fracción VI del artículo 18 de la Constitución Política de Tamaulipas, señala que “la obligación de todos los habitantes del Estado de tomar las armas en defensa del pueblo en el que vivan cuando éste fuere amagado por malhechores, acatando las disposiciones de la autoridad local”.
Una de las justificaciones para proponer esta iniciativa que, fue turnada la Diputación Permanente, es que en la Constitución aparece desde hace 100 años, cuando las condiciones del país eran muy diferentes a las actuales.
Rangel, expuso que la fracción VI del artículo 18, se enfrenta al numeral 17 de la misma Constitución, en el sentido de que: “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
Dentro de la exposición de motivos, es que en Gobiernos anteriores se registró una serie de problemas en materia de seguridad que generaron en la sociedad tamaulipeca una pérdida de confianza en las instituciones del Estado.
Sobre todo, señala, en las responsables de la seguridad pública y de mantener el orden y procurar justicia para los habitantes, “lo que provocó el surgimiento de grupos armados entre la población con la consigna de proteger y salvaguardar a sus comunidades de la delincuencia y la violencia”.
Añade: “Si bien supuestamente estos grupos se gestaron con un objetivo que podría entenderse como noble, no debemos perder de vista que estos grupos actúan al margen de las instituciones del Estado, sin ningún tipo de capacitación, deber de cuidado o garantías que estén reconocidas en nuestros ordenamientos legales y tratados internacionales”.
“Tampoco están sujetos a los mismos controles que las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, por lo que existe la enorme incertidumbre de que estos grupos puedan caer en manos de grupos criminales, ya sea infiltrándose o de plano absorberlos y hacer que terminen defendiendo otras causas que en nada tienen que ver la seguridad de los tamaulipecos”.
Consideró entonces que “este tipo de grupos civiles armados envía mensajes equivocados” y “genera incentivos para el crecimiento de otros grupos armados”.
Además, se lee en la iniciativa, el que se incrementa el número de violaciones a los derechos humanos como lo son la presunción de inocencia, el debido proceso policiaco y judicial, y mantiene viva a las principales enemigas de la democracia y de sus instituciones: la impunidad y la falta de aplicación de la ley.
